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1. TREINTA AÑOS DE MILITARIZACIÓN
La militarización del poder político se ha ido adecuado a las distintas situaciones y requerimientos. Pese a la represión desatada por el , a ausencia de medidas en favor de los sectores populares hacia que, a finales de 1965, la ebullición social fuera más grave. Los militares, entonces, convocan a elecciones y entregan la Presidencia de la República al abogado Julio César Méndez Montenegro, postula por el partido revolucionario –PR-, que agrupaba a algunos sectores que había participado en la escena política en la época de 1944-1954. Antes de asumir el cargo, Méndez afirmo un pacto con los militares, en el que se comprometía a no tocar la estructura del ejército, a dejar a éste “mano libre” en el combate contra la guerrilla. En el período de Méndez Montenegro, el ejército de gran impulso a la creación de grupos especiales secretos a los que se llamaría “Escuadrones de la muerte”, para realizar ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En 1970, se inicia la modalidad de gobiernos constitucionales presididos por militares. El General Carlos Arana Osorio, es elegido presidente de la República para el período 1970-1974, en el que la represión se hace más selectiva. Arana también acentúa el enriquecimiento de los oficiales. El General Kjell Eugenio Laugerud García es el designado para ocupar la Presidencia en 1974, para lo cual el ejército no vaciló en realizar uno de los más grandes escandalosos fraudes en la historia del país. En 1978 el general Fernando Romeo Lucas García, al igual que en las elecciones de 1974, todos los demás candidatos eran también militares de alta graduación. Lo que evidenciaba la convicción de los partidos que nadie podría llegar a la Presidencia si no pertenecía a la institución armada. Lucas inició su gobierno hablando de “apertura democrática”, y permitió la inscripción de varios partidos, pero el asesinato de los dirigentes socialdemócratas Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Mohr, y la renuncia del vicepresidente Francisco Villagrán Krámer, no dejaron duda sobre la naturaleza del gobierno de Lucas, uno de los más sangrientos en la historia del país. 1.1 INTENTOS DE RECOMPOSICIÓN EN LOS 80´S Al iniciarse la década de los 80, la ingente corrupción del gobierno de Lucas García (1978-1982) y la acentuación de la crisis económica, afectaron profundamente las relaciones entre el alto mando militar y la comunidad empresarial. En 1977, el presidente de los Estado Unidos, James Carter, había suspendido la ayuda militar a Guatemala, debido a la política de sistemática violación a los derechos humanos. El ejército no sólo había fracasado en su combate al movimiento revolucionario, sino también como institución gobernante. Había agudizado la crisis general del país. El 23 de marzo de 1982, surge un primer intento de alianza, a través de la asonada que derrocó a Lucas García. La Junta Militar en turno, presidida por el general José Efraín Ríos Montt, elaboró un “Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo” –PNSD-, que diseñaba la estrategia del alto mando del ejército para los años siguientes. El plan contemplaba “crear al más alto nivel político, un organismo de dirección del esfuerzo antisubversivos” y establecer el “esquema de control de la población”. El general Ríos Montt desplazó a los pocos meses a sus dos compañeros de la Junta Militar y se autonombró Presidente de la República. Pero en agosto de 1983, el mismo fue sustituido por un nuevo gobierno, encabezado por su propio ministro d la Defensa, el general Oscar Humberto Mejía Víctores. Ríos Montt había incomodado a la alta oficialidad, al rodearse de algunos oficiales jóvenes; además, su personalidad excéntrica le había concitado una amplía oposición en todo el país. 1.2 EL PROYECTO “DEMOCRATIZADOR” Entre 1982 y 1984, el alto mando militar desarrolló fuertes campañas antiguerrilleras caracterizadas por grandes masacres y operaciones de “tierra arrasada” contra la población civil. Se pretendía “quitar el agua al pez”, es decir, restarle base social al movimiento revolucionario. Paralelamente a esas campañas militares y represivas, el ejército comenzó a hablar de “apertura democrática”, “proceso democratizador” y “retorno a la institucionalidad”. La apertura democrática el alto mando militar ofrecía compartir algunas esferas del poder con algún sector político nuevo, no comprometido directamente con la represión, para tener la base de apoyo que no había conseguido en los procesos electorales anteriores, con la imposición de candidatos militares. Años más tarde, los propios jefes del ejército confirmaron que la “apertura democrática” era parte de una estrategia militar de largo alcance. En 1987, el general Gramajo, ministro de la defensa, explicó: “Este análisis profunda, en el que estamos involucrados militares desde el período de mayo julio de1982, permitió analizar y profundizar objetivamente la situación del país para trazar las estrategias que nos sacaran el problema”.
El general Juan Leonel Bolaños Chávez, que sustituyó a Gramajo al frente de las fuerzas armadas, aseguró en 1990 que el ejército fue la única institución del país que en la década de los 80`s asumió el compromiso de llevar al país a la democracia, al permitir las elecciones de 1985. 1.3 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE El 24 de enero de 1985, los generales Mejía Víctores y Lobos Zamora, jefe y subjefe del estado, acompañados de nueve comandantes de guarniciones militares, visitaron la Asamblea y pidieron que en la futura Constitución se garantizará la vigencia de las Coordinadoras Interinstitucionales, los Polos de Desarrollo y las Patrullas Civiles, tres mecanismos claves en la militarización del país. 1.4 EL GOBIERNO DEMOCRISTIANO Ante las elecciones generales de 1985, de las que saldrían como ganadores los democristianos, la Subcomisión de prevención de la Discriminación y Protección de las minorías, de la ONU, expresó en una resolución “su preocupación al gobierno de Guatemala por el clima de intimidación y terror que impera en el país, que es un obstáculo a la participación de todas las fuerzas políticas, de los sectores sociales y de los ciudadanos en las elecciones. Vinicio Cerezo, al igual que el resto de los candidatos con posibilidades de triunfo, ya en la Presidencia, Cerezo evitó todo enfrentamiento con el ejército y no perdió oportunidad para intentar defenderlo, rehabilitarlo y prestigiarlo, al tiempo que evidenció un progresivo comprometimiento en los planes militares. En junio de 1986 Cerezo dijo: “puedo afirmar que en este momento la institución armada está al frente de los guatemaltecos para consolidar el proceso democrático para consolidar el proceso institucional y para mantener el respeto a los sagrados derechos de todos y cada uno de los guatemaltecos”. “Fue el ejército el que empezó la democracia”, afirmó en octubre de 1987. Y en enero de 1990, aseguro: “El ejército se convirtió en la columna vertebral de la estabilidad del sistema democrático de la nación”. Pero Cerezo se unió a la política de la cúpula militar, que continúo dictando las decisiones más importantes de la política interna y exteriores, mientras dejaba al gobierno lo visible del aparato administrativo y los asuntos diplomáticos. 1.5 EL GOBIERNO DE SERRANO En la campaña previa a las elecciones generales de diciembre de 1990 y enero de 1991, no se observaron diferencias de fondo entre los diferentes candidatos. Mucho se habló del fortalecimiento de la democracia, mientras la violencia política adquiría niveles alarmantes: En 1990 los asesinatos desapariciones de carácter político aumentaron en un 13% con respecto al año anterior. En la segunda vuelta electoral, el ingeniero Jorge Serrano Elías resultó ganador de la Presidencia, con el 64% de los votos emitidos, equivalente al 29% de los empadronados y al 21.5% de los ciudadanos en edad de votar. El abstencionismo fue sin duda la principal característica del proceso electoral. Jorge Serrano Elías militó en su juventud en el derechista Movimiento de Liberación Nacional. Fue asesor del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF- cúpula del empresario organizado. En 1982-1983, durante el gobierno del General José Efraín Ríos Montt, éste nombro a Serrano Presidente del Consejo de Estado, uno de los principales cargos de aquel régimen caracterizado por una desenfrenada política represiva, por las masacres contra la población campesina e indígena, por las operaciones militares de tierra arrasada, de patrullas civiles, de aldeas modelo, por los tribunales que fueron especiales. Durante su campaña, Serrano prodigó ofrecimientos en el sentido de lograr la paz. Al presentarse como político nuevo, también se vio favorecido por el fenómeno (ya común en varios países) de la falta de credibilidad en el sistema de partidos políticos tradicionales. Gobernó en base a compromisos y constantes transacciones, en las que la corrupción jugó un papel determinante. Su gestión estuvo caracterizada por la sensación de ingobernabilidad, el descrédito de las instituciones del Estado y la incapacidad del poder gubernamental. Serrano y su gabinete no presentaron proyecto alguno que aporte soluciones a la multifacética crisis del país. 1.6 EL GOLPE DE ESTADO DE 1993. LAS MEDIDAS Y LOS ARGUMENTOS El 25 de mayo de 1993, el presidente Jorge Serrano Elías anunció que había tomado las siguientes decisiones:
- Disolver el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad.
- Remover a los Procuradores Generales de la Nación y de los Derechos Humanos
- Suspender las garantías individuales establecidas en la Constitución
- Llamar al Tribunal Supremo Electoral para convocar, una Asamblea Nacional Constituyente.
La explosiva situación social, al ejército debió preocuparle de que los estudiantes universitarios encabezados por la A.E.U. pusiera en fuga a los policías. Fuertes intereses económicos presionaban para la emisión de leyes que agilizaran la privatización de las empresas y servicios estatales. Pero encontraban un obstáculo en muchos diputados que, exigían grandes sumas de dinero para emitir tales leyes. Los días 18 y 21 de mayo, la alta oficialidad sostuvo dos prolongadas reuniones con el presidente Jorge Serrano. Ahí fue, sin duda, donde se tomó la decisión del golpe. 1.13 EL PAPEL DE SERRANO La Coordinadora de Sectores Civiles –CSC- Explicó: “El 25 de mayo fue dado en Guatemala un golpe militar, con apariencia civil. En las condiciones de Guatemala, es imposible realizar un golpe de Estado por parte de ningún sector, sin la participación del ejército”. El foro Multisectorial social precisó que los militares colocaron a Serrano como responsable del golpe para preservarse de ser ellos quienes pagaran el alto costo político. Los militares tampoco parecían ser ajenos al interés de Serrano para evitar las investigaciones sobre la corrupción. 1.14 EL DESARROLLO DE LAS CRISIS En Guatemala nadie salió a la calle el 25 de mayo para festejar el golpe de Estado. Más bien eras perceptibles muchas expresiones de preocupación y temor. Al día siguiente, más de 60 organizaciones civiles pidieron a la comunidad internacional establecer sanciones severas contra el gobierno de Serrano. El gobierno de EE.UU. que admitió haber tenido conocimiento del golpe “poco antes de que se consumara”, condeno “fuertemente” la decisión de Serrano y anunció la congelación de su programa de ayuda a Guatemala. Semejantes actitudes fueron adoptadas por los gobiernos de la Comunidad Europea y Japón, así como por la mayoría de los países latinoamericanos. 1.15 LOS GOLPISTAS, SOLOS Y AISLADOS Los golpistas se vieron sorprendidos por la reacción tan adversa. Y muy pronto se tuvo la impresión de que la situación se les iba de las manos. Los sectores populares, aglutinados en el Foro Multisectorial Social, exigen la depuración de los tres organismos del Estado, así como el juicio a los golpistas. A partir del mismo día 25, renuncian varios ministros y altos funcionarios, mientras el gobierno se mostraba incapaz de armar aliados naturaleza o tácticos. El secretario general de la OEA visita al país. Declara que “la democracia no se defiende con golpes de fuerza” y hace un llamado a los gobiernos del Continente a adoptar “fuertes medidas” contra Serrano. 1.16 LA CAÌDA DE SERRANO En la madrugada del día 1 de junio Serrano convoca a los diputados a la Casa Presidencial, donde se trataría el retorno a la constitucionalidad y otros arreglos para salir de la crisis, para ello ofreció a cada diputado 150, quetzales. Algunos diputados acudieron a la cita. Horas más tarde, en la mañana del día 1, Serrano es conducido de la Casa Presidencial al Palacio Nacional, donde están reunidos el alto mando militar y los comandantes de las principales bases militares. Hacia las 3:00 de la tarde, luego de conocerse el desplazamiento de Serrano, llegan al Palacio representantes de los sectores populares, “No venimos a escuchar una solución; venimos a proponer, a participar”, dijo Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz. Pero, al no ser atendidos, se retiraron, asegurando que no avalarían una maniobra militar con fachada civil. Los indígenas, campesinos, sindicalistas, luchadores sociales, estudiantes y universitarios habían participado en numerosas reuniones con empresarios, abogados y políticos, en búsqueda de una salida a la crisis. El congreso designaría entonces a la persona que completaría el período presidencial de Serrano. El expresidente Serrano declaró esa misma noche -y lo reiteraría en los días siguientes- que él no había renunciado, y que había sido víctima de un golpe de Estado por parte de “una pequeña cúpula militar”. 1.17 ESPINA, UNA NUEVA MANIOBRA El día 2 de junio se reinician los sobresaltos. Cuando Serrano ya había volado a El Salvador, Gustavo Espina se aferra a la silla presidencial, con el apoyo del ejército. “Jamás mi pluma ha firmado la renuncia” dijo. Y el ministro de la Defensa confirmaba que, de acuerdo con la Constitución, a Espina le correspondía asumir la Presidencia. Reaparecía la costumbre militar de hacer y deshacer, de quitar y poner presidentes, de disolver y reconstruir los organismos del Estado. Los diputados fueron convocados para juramentar a Espina pero no se reunió el quórum suficiente. El 03 de junio, cinco partidos de oposición al gobierno de Serrano forman una Instancia Nacional de Consenso (INC). La INC suscribió una propuesta que contemplaba la renuncia de Espina, el nombramiento de nuevos presidentes y vicepresidentes por parte del Congreso, la depuración y reestructuración de los tres organismos del Estado, la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y legislar la inmediata formación de una instancia de
participación que incluyera a todos los sectores de la vida nacional. Posteriormente, la Corte de Constitucionalidad da a conocer una resolución según la cual Espina está inhabilitado para ejercer el cargo de presidente, por ser corresponsable en el golpe de Estado. De esta manera, se abría el camino para que el Congreso nombrara al presidente. 1.18 EL DESENLACE El día 5 de junio existía, al parecer, una fuerte oposición a la depuración en el Congreso, en la Corte Suprema de Justicia y en los partidos políticos, muchos se daban por satisfechos con el sacrificio de Serrano, Espina y un par de diputados. En la noche del día 5 de junio, durante una sesión del Congreso Ramiro de León Carpio era elegido presidente. Y el día 6 de junio 1993 recibía la banda presidencial. 1.19 MUCHAS COSAS HAN CAMBIADO El desarrollo y desenlace de la crisis golpista puso de manifiesto que muchas cosas han cambiado en Guatemala durante los años recientes. La rápida y unánime reacción de repudio de la comunidad internacional hizo vacilar el ejército y temblar a los empresarios, toda vez que la condena iba acompañada de la suspensión de programas de ayuda al gobierno y del bloqueo a otras ayudas y preferencias arancelarias. Todo ello revelaba la existencia de una nueva situación en Guatemala. El haber frenado planes de la cúpula militar era sin duda un logro histórico. 1.20 RAMIRO DE LEÓN CARPIO Ramiro de León Carpio, abogado de 52 años, en ese momento asumió la presidencia de la República el 06 de junio de 1993. Unos días más tarde, el Congreso de la República designó como Vicepresidente a Luis Arturo Herbruger Asturias, de 81 años, quién había sido presidente del Tribunal Supremo Electoral. Con respecto a De León Carpio en 1989, el Congreso de la República lo designó Procurador de los Derechos Humanos, donde mantuvo una actitud independiente y crítica frente a los gobiernos de Vinicio Cerezo y Jorge Serrano; en algunas ocasiones señaló al ejército como institución de ser responsables de violaciones a los derechos humanos. Ello le hizo ganar un notable prestigio dentro y fuera del país. Durante la crisis golpista, mostró gran habilidad. 1.21 UNA OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL El nuevo presidente conocía la dolorosa situación económico-social de la mayoría de los guatemaltecos, así como los mecanismos de la represión y la impunidad, de la discriminación étnico-cultural, del control militar sobre la población, de las violaciones a los derechos laborales sindicales…. El gran apoyo que había concitado le daba la posibilidad de tomar medidas audaces para dar vida a un proyecto de transformación en el país. 1.22 LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD Al asumir Ramiro de León la resistencia, los sectores democráticos y populares le expresaron sus demandas las cuales giraban en torno a los siguientes puntos: Desmilitarizar el Estado y la sociedad, disolver las patrullas civiles y el Estado mayor presidencial. Iniciar un proceso de democratización Reanudar el proceso de paz entre el gobierno-ejército y la URNG. Procesar judicialmente a los funcionarios militares y civiles implicados en el golpe de estado. Poner fin a la violación a los derechos humanos y a la impunidad Facilitar el retorno de los refugiados en el exterior Terminar con la corrupción administrativa Abandonar la política económica neoliberal encaminada a combatir la pobreza y a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Planteamientos y demandas formulados por la URNG. La Nobel Rigoberta Menchú advertía que el apoyo popular a Ramiro de León Carpio podría desvanecerse si el presidente ignoraba las demandas de la sociedad. 1.23 LOS OBSTACULOS La tarea para Ramiro de León no era fácil. Las mismas fuerzas dominantes en el pasado continuaban definiendo el escenario presente. Si bien es cierto que el ejército había tenido que dar marcha atrás en sus intenciones golpistas, ello no implicaba que hubiere renunciado a sus objetivos, marcados por una línea de endurecimiento. La cúpula empresarial, agrupada en el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales e Industriales y Financieras –CACIF-, mantenía también su cuota importante de poder en el campo económico, político y social. No sería fácil que ellos renunciaran a sus exagerados e históricos privilegios. Esos factores reducían sensiblemente las posibilidades del presidente De León para responder a los retos que tenían por delante. 1.24 ¿EN QUIÈN APOYARSE?
El ministro de la Defensa anunció en julio de 1993 que le ejército llevaría a cabo un programa de obras para contribuir a solucionar los problemas del país. En los meses siguientes, publicitó algunas de esas actividades; perforación de pozos, introducción de agua potable, campañas médicas y de reforestación, construcción de escuelas, caminos y puentes… el presidente de la republica comentó que el ejército trabajaba para el pueblo. Miembros del ejército de Estados Unidos participaron en varias campañas de ese tipo. Las obras, sin embargo, eran notoriamente limitadas y algunas de ellas no ocultaban su intención contrainsurgentes. Mientras tanto, el ejército continúa ocupando terrenos propiedad de campesinos, contra la voluntad de estos. 1.31 RESPUESTA DEL GOBIERNO DE RAMIRO DE LEÓN CARPIO A LOS SECTORES POPULARES. El presidente De León no tomó ninguna medida para disolver las patrullas de autodefensa civil –PAC- que, a finales de 1993, contaban con 537,000 elementos, de los que unos 18,000 estaban armados, según el ministro de la Defensa. El ejército continuo la práctica de obligar a los campesinos a integrarse en las patrullas, incluso a menores de edad. El 2 de agosto de 1993, patrulleros civiles atacaron a campesinos en Colotenango, Huehuetenango. Una persona murió y un número no determinado resultaron heridas. Vecinos de Colotenango exigieron al Presidente la inmediata disolución de las PAC, y dieron los nombres de los responsables de la masacre. Las organizaciones populares condenaron los hechos, enfatizaron el carácter represivo de las PAC y la impunidad de que gozan, y exigieron castigo para los culpables. El presidente De León dijo que se aplicaría la Ley, pero no se realizó ningún proceso judicial. El procurador de los Derecho Humanos dijo que se violaban éstos al obligar a los campesinos a integrar forzosamente esas patrullas “voluntarias”. También afirmó que las PAC actúan arbitrariamente contra la población civil. El presidente se declaró “sorprendido” por el alto número de campesinos que participan voluntariamente en las patrullas, aunque admitió que “se dan casos donde no hay una exacta voluntariedad”. Aseguró que a los indígenas y campesinos “les encanta unirse a las patrullas, porque portar un arma es una forma en que adquiere poder…. Un nuevo grupo que deseaba retornar de México exigió al gobierno desmilitar la zona del reasentamiento, específicamente el retiro del cuartel del Tercer Pueblo, Ixcàn, El Quichè. La presencia del ejército en esas áreas, según los refugiados, no propiciarían la reconciliación entre victimario y víctima. El presidente De León Carpio dijo que era “imposible quitar un destacamento donde hay paso de la guerrilla”. 1.32 EL PODER, EN LAS MISMAS MANOS Durante la gestión de León Carpio, nada pareció modificarse en cuanto al ejercicio real del poder político. El ejército conservó los mecanismos establecidos en años anteriores para continuar gobernando tras el trono. No se produjo ningún avance de la civilidad sobre la militarización. Independiente de las intenciones del Presidente, el poder real siguió en las manos del ejército. A finales de 1993, los delegados en la Asamblea General de la ONU se asombraron cuando un coronel guatemalteco leyó el discurso que debería haber pronunciado el Presidente Ramiro de León. Diversos sectores nacionales coincidieron en que, sin la desmilitarización del Estado y la Sociedad, no será posible construir en Guatemala una democracia real. 1.33 LOS DERECHOS HUMANOS, LA IMPUNIDAD Y RAMIRO DE LEÓN CARPIO Ramiro de León Carpio llegó a la presidencia con antecedente como Procurador de los Derechos Humanos. Pero pese a los antecedentes magníficos nada cambio. Se presentaron insistentes peticiones para investigar crímenes políticos del pasado reciente, pero no se veían resultados.
- Rosalinda Tuyuc, dirigente de la Coordinadora de Viudas de Guatemala –CONAVIGUA- declaró “Queremos saber quién mato a nuestros esposos y quién quemó nuestros ranchos. Sabemos que fue el ejército, pero no sabemos quien comandó las operaciones, quien dio la orden de matarlos”.
- El Grupo de Apoyo Mutuo –GAM- fue asaltado por un grupo armado en horas de la noche en dichas oficinas, robando los archivos de desapariciones y equipos de oficina, lo mismo sucedió en la sede de CIDH.
- La religiosa estadounidense Diana Ortiz, secuestrada y violada por elementos policiales y militares en 1989, llegó a Guatemala en 1994 acompañada de abogado, para continuar los trámites del proceso en el que ella acusa a las fuerzas de seguridad de secuestro y violación.
- Militares miembros de la G2 que cumplen condenas de cárcel por asesinato de la antropóloga Mirna Mack Chang y el estadounidense Michael Devine, confirmaron las responsabilidad del ejercito en la violencia represiva. 1.34 EL PASADO SIGUIE PRESENTE Durante el gobierno de Ramiro de León Carpio continuo invariable la práctica represiva oficial. Numerosas personas fueron asesinadas, secuestradas o amenazadas. Se produjeron atentados contra dirigentes, activistas y sedes e organizaciones populares. Durante los cinco meses primeros de 1993 (gobierno de Jorge Serrano Elías) el promedio mensual de ejecuciones extrajudiciales fue de 43.2 y el desapariciones forzadas de 10.6 en el resto del año (gobierno de Ramiro de León Carpio) promedios ascendieron a 55.0 y 13.3, respectivamente. 1.35 MASACRE DE XAMAN El 5 de octubre de 1995, 256 familias asentadas en la Comunidad Aurora 8 de Octubre, celebraban una asamblea general para tratar sobre los festejos con motivo del primer retorno a Guatemala, luego de permanecer por más de una década en campamentos refugiados en México. Eran las dos de la tarde cuna una patrulla militar, al mando del teniente Alberto Lacán Chaclán, entró a la Comunidad, matando a sangre fría a hombres, mujeres, niños y ancianos. Dejando muchos heridos. La doctora Mónica Pinto experta en Derechos Humanos, hizo ver que dará cobertura especial a esta masacre cometida por el ejército, en el informe que dará a las Naciones Unidas. 1.36 ELECCIONES. El 12 de noviembre los guatemaltecos acudieron a las urnas, sin embargo en esa oportunidad no hubo mayoría absoluta, el Partido de Avanza Nacional –PAN- obtuvo el 36.50% de votos, mientras que el Frente Republicano Guatemalteco –FRG- el 22.4% En la segunda vuelta del 07 de enero de 1996, el ganador es Álvaro Arzú, del partido de Avanza Nacional –PAN- quien es representante de la burguesía nacional, habiendo obtenido el 51.22% del voto favorable de la población. Al igual que con Ramiro de León Carpio en el actual gobierno siguen la práctica represiva oficial. Con respecto a los acuerdos de paz, así como la firma de una paz firme y duradera entre Gobierno-Ejército y la URNG (29 de diciembre de 1996) todos los guatemaltecos sabemos que de cumplirse con los mismos estaríamos hablando de una nueva etapa para Guatemala. Ya que es un logro de toda la sociedad con la esperanza de tener un mejor futuro. Bibliografía Orantes Lemus, E.O. y R.G (2017), Sociología de Guatemala, Guatemala, Guatemala. Editorial Estudiantil Fenix (2017)
