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La Revolución boliviana de 1952 , conocida como Revolución del 52 , fue un proyecto político liderado por el partido denominado Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y que, en alianza con liberales y comunistas, pretendió implantar un nuevo modelo socioeconómico en Bolivia. Tuvo como figuras principales a los presidentes Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo. El gobierno del MNR luego de esta Revolución duró desde el 9 de abril de 1952 hasta el golpe de estado del 4 de noviembre de 1964. En estos doce años, hubo un cogobierno y a la vez pugna de poder entre el partido y los sindicatos obreros, aglutinados principalmente en torno a la Central Obrera Boliviana (COB).^1 La Revolución del 52 amplió la cobertura del derecho al voto en Bolivia, la distribución de tierras –a través de una controversial reforma agraria con no pocas expropiaciones violentas^2 – y control del Estado sobre los recursos naturales y la economía boliviana. Además, incorporó a la vida política al sector campesino y femenino al establecer el voto universal. Finalmente, después de haber obtenido el poder y probar unos primeros años de relativa estabilidad en el gobierno, el partido derivó en una democracia liberal al estilo de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, llegando en los años ochenta con el presidente Víctor Paz Estenssoro a lo que algunos denominan neoliberalismo. Sin embargo, el impacto más importante de la Revolución del 52 fue haber incorporado el indigenismo al debate sociopolítico hegemónico. Esta corriente de pensamiento, cuyo principal exponente fue el filósofo Franz Tamayo , sostenía que el indígena estaba excluido de la vida civil y que debía incorporársele adaptándolo a modelos europeos de integración social, comenzando por la cobertura de la enseñanza educativa.
1. La perspectiva del M.N.R. y la Reforma Educativa Una vez obtenida la victoria popular e instalado el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, el M.N.R. muestra su capacidad para recuperar y traducir las banderas que se han venido levantando en los últimos años, «interpreta las necesidades y los anhelos del proletariado, del campesinado, de la clase media y de la naciente burguesía progresista» (Víctor Paz Estenssoro (VPE):1953) y lanza una serie de medidas destinadas a la transformación de raíz del Estado y la sociedad bolivianos. Dentro de estas disposiciones, resaltan las siguientes medidas principales: a) El sufragio universal (21-VII-1952), otorgando a todos los bolivianos, hombres y mujeres, mayores de edad, el derecho de participar en los actos eleccionarios, cualquiera sea su grado de instrucción, ocupación o renta; esto elimina en los hechos el antiguo requisito de la alfabetización para ser votante e incorpora al campesinado en los procesos eleccionarios; así, se incrementa de 200.000 a casi 1.000.000 el número de votantes. b) La Nacionalización de las Minas (31-X-52), que devuelve al patrimonio del Estado boliviano a las tres principales minas de estaño, propiedad de los «Barones» Patiño, Hoschild y Aramayo; se crea la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), a cargo de las dos terceras partes de la industria minera del estaño, con cogestión obrera. Esta disposición consolidará el liderazgo de la Federación de Mineros en el movimiento obrero- sindical del país, dentro de la recientemente fundada Central Obrera Boliviana (COB).
c) La Reforma Agraria (3-agosto-53), urgida por movilizaciones campesinas, violentas tomas de haciendas y la crisis generalizada del sistema de propiedad de la tierra, con los objetivos básicos de: la abolición de la servidumbre campesina, la liquidación del latifundismo feudal, el aumento de la producción mediante el desarrollo agrícola e industrial y el fomento del mercado interno. Y, finalmente: d) La Reforma Educativa (1955), dentro de una serie de políticas sociales, con inversiones masivas en salud y educación, que recupera, además, la actitud del magisterio boliviano organizado, que durante muchos años ha venido impulsando la adopción de nuevas políticas y normas educativas. La metodología elegida tiene rasgos distintivos respecto a otras reformas educativas en otros tiempos y lugares. En este caso, la Comisión designada desempeña sus labores a lo largo de un plazo otorgado de apenas 120 días, durante los cuales realiza mesas redondas, conferencias, entrevistas, lecturas, etc., para informarse adecuadamente y consultar el parecer de diversas instituciones y organizaciones nacionales. Posteriormente, las sub-comisiones conformadas (Bases y Fines de la Educación; Estructura Administrativa y Legislación Educacional; Planes de Estudio, Programas y Métodos; Economía y Estadística; Enlace entre las Universidades y los Ciclos Pre-Universitarios; y Educación Obrera y Campesina) elaboran sus informes iniciales, los que, debatidos y enriquecidos en plenaria, constituirán posteriormente el Proyecto de Código de la Educación Boliviana, presentado a consideración del Presidente de la República en enero de 1954. Paradójicamente, a pesar de su importancia, otras preocupaciones llevaron a que este proyecto permanezca olvidado en los despachos del Poder Ejecutivo durante casi un año, hasta que una fuerte movilización del magisterio organizado exigió su aprobación. El gabinete revisó y corrigió el texto, habiéndose finalmente promulgado el Código de la Educación Boliviana en enero de 1955. La perspectiva general de la educación del M.N.R. está marcada por la conceptualización del Estado docente, incorporada ya en la Constitución Política del Estado de 1938 que establece a la educación como «la más alta función del Estado» (CPE 1961, Art. 186), «porque es un derecho del pueblo e instrumento de liberación nacional» (Código de la Educación Boliviana [CEB], Art. 1º.). Paz Estenssoro puntualiza su posición al promulgar el Código: «Es innegable que en toda sociedad y a través de todas las épocas, hay una relación directa entre la orientación y el alcance que tiene la educación y los intereses de las clases dominantes. (...) Cada cambio en las relaciones de poder entre las clases sociales plantea la necesidad de una 'nueva educación', porque la educación en sí misma es ya una ventaja para quien la posee, ella provee al nuevo Estado de servidores eficientes...» (VPE, 1955). En esta perspectiva política, «la educación, cuando se constituye en monopolio de estrechos círculos se transforma en instrumento de dominación», pero también, como en este caso, es posible «destruir el monopolio de la educación mantenido para su provecho por los grupos dominantes para extenderla a todos los sectores de la población,
El nacionalismo propugnado en el Código tiene relación con la necesidad de consolidar la unidad de la nación boliviana, por lo que se incorpora como un fin de la educación nacional: «Vigorizar el sentimiento de la bolivianidad, combatiendo los regionalismos no constructivos y exaltando los valores tradicionales, históricos y culturales de la Nación Boliviana» (CEB, Art. 2º. 8)). Seis años después de aprobado el Código de la Educación Boliviana, en 1961, se aprueba una nueva Constitución Política del Estado, que incorpora los nuevos lineamientos del Nacionalismo Revolucionario a las disposiciones legales anteriores. En el campo educativo, se ratifica que la educación es «la más alta función del Estado», dándole carácter general y gratuito, «sobre la base de la escuela única democrática». El estado tiene, por un lado, la obligación de apoyar a estudiantes e instituciones de bajos recursos económicos y, por el otro, de ejercer tuición sobre todas las actividades educativas que se desarrollan en el país, garantizando la libertad de enseñanza privada y religiosa. Estos rasgos son comunes a las legislaciones previas y también a disposiciones contemporáneas de otros países. Las distinciones incorporadas por el M.N.R. están referidas al «fomento de la cultura del pueblo» y a la formación relacionada con sus definiciones políticas y económicas, plasmada en los siguientes artículos: «Art. 187.-El Estado promoverá la educación vocacional y la enseñanza profesional técnica, orientándola en función del desarrollo económico del país. De igual modo impulsará la educación fundamental campesina en relación con la Reforma Agraria. Art. 188.- La alfabetización es una necesidad social a la que deben contribuir todos los habitantes del país. Art. 194.- El Estado organizará instituciones de enseñanza superior, preferentemente de carácter técnico y científico. Art. 197.- (...) Dependiente de cada una (de las universidades publicas) funcionará un instituto destinado a la capacitación cultural, técnica y social de los trabajadores» (CPE:1961). Es el aporte del MNR, ligado a las reformas estructurales del Estado, el que relaciona la educación con la economía, la plantea como necesidad social, y destinada especialmente a obreros y campesinos, es decir, a los grupos sociales anteriormente marginados, tal como se propuso el Código de la Educación. Así, la principal disposición jurídica de la nación incorpora la perspectiva educativa planteada en la Reforma Educativa, dándole mayor trascendencia jurídica y temporal que la tenida hasta ese momento.
2. La Extensión y Democratización de la Educación Pública Aunque hubo avances claros respecto a la mayor extensión de la educación pública en Bolivia, principalmente impulsadas por los gobiernos liberales, primero, y, luego, por los gobiernos del socialismo militar, después de la Guerra del Chaco, el Censo de 1950
muestra que solamente el 32% de la población boliviana era alfabeta, quedando la mayor parte marginada de los beneficios de la educación. Ante esta situación y decidida la Reforma Educativa, se plantea como uno de sus objetivos principales la incorporación de todos los bolivianos en edad escolar a la educación regular y a la realización de masivas acciones de alfabetización para los adultos analfabetos, asumiendo para sí un lema ya popular en diversos países de América Latina: «DE UNA EDUCACIÓN DE CASTAS A UNA EDUCACIÓN DE MASAS». Paz Estenssoro presenta así la consistencia de esta decisión con los planteamientos generales de su gobierno: «A esta altura de la marcha de la historia, y cuando nos encontramos en camino de establecer una auténtica democracia, incorporando realmente a la vida nacional a todos los habitantes de este país, resulta anacrónico y reaccionario el pretender, como lo hacen algunos intelectuales, que ni el arte ni las ciencias son manjares para el paladar de las multitudes y que deben permanecer reservados para las élites directoras. Nuestros postulados con evidente sentido social de extender los beneficios de la educación, no sólo en la base fundamental, sino también media y superior, para el hombre del pueblo, no dejan de tener en cuenta la personalidad humana, como objetivo de su acción. Abren innumerables posibilidades de desarrollo intelectual para un número infinitamente mayor de individuos» (VPE: 1953). Se espera así promover un verdadero cambio histórico en la vida y la educación nacionales: «Hasta hace poco fuimos una democracia de nombre y una plutocracia de hecho. La Revolución Nacional está cambiando el proceso histórico y político de este país. Mañana, cuando se aplique este Código Educacional, podremos decir que Bolivia es una república grande, verdaderamente democrática, por haber puesto el saber y la cultura al alcance de sus obreros y campesinos» (Diez de Medina: 1954). El Código asume este desafío, incorporando las siguientes bases: «Es universal, gratuita y obligatoria, porque son postulados democráticos básicos y porque el individuo, por el hecho de nacer, tiene derecho a igualdad de oportunidades a la cultura. Es democrática y única, porque ofrece iguales oportunidades de educación común a la totalidad de la población sin hacer diferencia alguna...» (CE, Art. 1o., 2) y 3)). Esta democratización en la educación se plantea en términos pedagógicos como «escuela única»; uno de los principales postulados de la Escuela Nueva y que fue asumido en Bolivia desde la aprobación de la Constitución de 1938. La Reforma Educativa asume esta disposición, pues considera que «el principio Constitucional de la escuela única significa la orientación unitaria y coordinada de la educación en todos sus ciclos y la igualdad de oportunidades para todos los bolivianos sin discriminación alguna» (CEB, Considerando).
También en este caso los datos consignados expresan el enorme esfuerzo realizado en Bolivia para la fundación de nuevos establecimientos educativos, destinados a cumplir los objetivos planteados por la Reforma Educativa. El número de establecimientos tiene un incremento especial respecto al nivel pre-primario, con una fuerte intervención de la educación privada, de la cual dependen 94 de los 183 establecimientos en 1964 (51%). La educación privada administra también 184 establecimientos de educación secundaria (47%), aunque su participación es menor en el nivel primario, alcanzando sólo el 5%. La democratización de la educación no se destina exclusivamente a la educación formal, a la escuela. La preocupación de la Reforma Educativa también se dirige a la población analfabeta del país, cuyo alto porcentaje muestra una grave situación que se busca revertir en el menor plazo posible. Para ello, el Código de la Educación Boliviana de 1955 incorpora como parte del sistema educativo nacional la educación de adultos, «para suplir la falta de oportunidades en la niñez o adolescencia, reparar las deficiencias de los ciclos primario y secundario y ampliar su nivel cultural y su capacidad de trabajo» (CEB, Art. 15o.,2)). Los adultos serán atendidos en escuelas de alfabetización, escuelas de enseñanza complementaria y técnica y escuelas de aprendizaje y recuperación. La alfabetización, como deber del Estado, se constituye en una campaña de carácter progresivo y participativo, movilizando a las principales fuerzas sociales del país y utilizando todos los niveles y recursos del sistema educativo nacional. Sus objetivos no se reducen a saber leer y escribir, sino que abarcan el mejoramiento de las condiciones generales de vida y de trabajo de los adultos y el defender y mejorar la cultura nacional. Asimismo, dado de que el analfabetismo se concentra especialmente en zonas de pobladores indígenas, se establece que «la acción alfabetizadora se hará en las zonas donde predominen las lenguas vernáculas, utilizando el idioma nativo como vehículo para el inmediato aprendizaje del castellano como factor necesario de integración lingüística nacional» (CEB, Art. 115o.).
Las acciones desarrolladas alcanzan resultados concretos, como puede verse al comparar los datos pertinentes obtenidos en los Censos de población de 1950 y 1976. Aunque en números absolutos, durante los 26 años el analfabetismo descendió de 1.109.271 a 993.437 analfabetos, constituyendo apenas un 10% de decremento, en términos porcentuales el avance sí es significativo. A nivel general, Bolivia pasó de tener una población mayoritariamente analfabeta (68%) a un 37%; porcentaje todavía muy significativo, pero que significa algo más de la mitad respecto a la situación anterior. Se presentan datos especialmente significativos en los rangos de edad de los 20 a los 40 años, que justamente fueron atendidos durante el gobierno del M.N.R., con consistentes disminuciones en los porcentajes de analfabetismo. Sin embargo, no debemos dejar de anotar que, tomando los datos según sexo, la situación es particularmente conflictiva para las mujeres, que en 1950 constituían el 57% de los analfabetos y en 1976 representan el 68% de toda la población analfabeta, mostrando la postergación de las mujeres en la atención educativa. La Revolución de 1952 transformó radicalmente las estructuras de Bolivia y signó su funcionamiento hasta la aparición de nuevas orientaciones políticas y económicas en la década de los 80's. En el campo educativo, el Código de la Educación Boliviana constituyó el ordenamiento jurídico más sólido de toda la historia de la educación de Bolivia, con un enorme impacto político que mantuvo durante décadas su amplia aceptación popular y aún ahora funciona como una bandera principal en las luchas del magisterio sindicalizado, como paradigma de los deberes del Estado respecto a la educación nacional.
La educación nacional debe inspirarse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y orientarse por los principios nacionalistas y revolucionarios que alientan las mayorías bolivianas, conciliando la dignidad y libertad del hombre, principio humanista universal, con sus deberes políticos y de trabajo productivo, por manera que exista entre Estado y Persona un adecuado equilibrio de derechos y deberes. Por eso, el documento indica cinco rasgos esenciales de la futura educación nacional: En el aprendizaje: La nueva ciencia pedagógica aconseja implantar la escuela activa, funcional y de trabajo productivo; el empleo de técnicas de la enseñanza basadas en la globalización y en el conocimiento directo del educando y en la utilización de los recursos naturales y humanos del medio. En la formación de valores: La educación tiende a formar el hombre equilibrado, sano y fuerte en lo físico, vigoroso y capaz en lo intelectual, superior por su moral privada y pública; socialmente eficiente por su dominio de alguna técnica de trabajo, elevado por su sentido estético, y civilizado por sus hábitos, armonizando así la supremacía del espíritu con la defensa biológica del individuo y las necesidades de la colectividad. En los maestros: La educación es tanto enseñanza positiva como forma de conducta, por lo cual la eficacia de la reforma educativa depende, en primer término, del factor humano docente, de la capacidad y del espíritu de superación del maestro boliviano, el cual debe constituirse en realizador de esta nueva educación; En la universidad: Es necesario coordinar el funcionamiento de las Universidades con los nuevos principios educacionales de la escuela única y los imperiosos requerimientos del momento histórico que vive el país, de manera que aquellas sirvan a los superiores intereses de la Nación y sus mayorías. En el contexto de la revolución: La Reforma Educacional se impone como una necesidad de la obra revolucionaria, a fin de romper el monopolio de la educación, poniéndola al servicio del pueblo, para que llegue a todos los hombres y mujeres, especialmente a las mayorías obreras y campesinas. Finalmente y para que no queden dudas sobre la intencionalidad política de la reforma, se establece claramente que la era liberal ha sido completamente superada y, por consiguiente, no habrá espacio para la autonomía de la educación que se atrevieron a soñar los liberales como un segundo paso de la autonomía universitaria. Tampoco habrá espacio para la diversidad cultural o regional. La imposición de la escuela única, como reflejo de las ideologías totalitarias del nacional-socialismo alemán y de la práctica soviética, será acompañada de una organización centralista del sistema, cuya administración será entregada en exclusiva al sindicalismo docente, "el maestro único", para la escuela única y el texto único. Estos últimos párrafos constituyen la verdad de los derechos humanos de la revolución, por encima de cualquier otra retórica: De acuerdo al artículo 157 de la Constitución Política, la educación es la más alta función del Estado y por lo tanto compete a éste la facultad de dirigirla en todas sus manifestaciones.
El principio constitucional de la Escuela Única significa la orientación unitaria y coordinada de la educación en todos sus ciclos y la igualdad de oportunidades para todos los bolivianos sin discriminación alguna. Las grandes conquistas económicas, sociales y políticas de la Revolución Nacional necesitan complementarse mediante un sistema de educación pública que abra nuevos horizontes a la vida verazmente democrática, a la superación cultural de las mayorías nacionales y a la formación de técnicos para el desarrollo de la economía del país. Los textos transcritos literalmente, tomados en su integridad de los "considerandos"^9 del Decreto Supremo de promulgación del Código de la Educación Boliviana o conjunto de normas supremas de la Reforma Educacional, fueron escritos para llenar los vacíos de la reforma liberal, desde sus antípodas ideológicas. Para una mejor comprensión de los grandes objetivos y de las futuras prácticas de la reforma nacionalista, sería conveniente meditar sobre sus bases y fines^10. Sin embargo, no son más que una formulación más sistemática de los textos citados anteriormente. En los textos citados se resumen las buenas intenciones de la reforma. El desarrollo legislativo del Código y, sobre todo, las prácticas efectivas en los años sucesivos dieron lugar a los siguientes logros: Se recoge todo lo avanzado por el sistema educativo con la reforma liberal y se extiende su aplicación bajo las nuevas orientaciones ideológicas, marcadas por una atención especial a los campesinos y a los obreros (especialmente mineros, ferroviarios y fabriles). La reforma no se detiene en el orden político y aspira a lograr la formación del hombre boliviano-mestizo^11 incorporando al indígena-campesino a la vida nacional. En este empeño está ausente una visión antropológico-cultural, lo que facilita la urbanización del campesino y provocará el endurecimiento del analfabetismo en sus reductos rurales. La educación se extiende efectivamente al mundo campesino-indígena y obrero con acciones eficaces. La educación acompaña efectivamente a la reforma agraria en el proceso de incorporación del campesino; y a las nacionalizaciones (minas, petróleos, ferrocarriles). Para eso se crea un sistema de educación fundamental (campesina) con la nuclearización de las escuelas campesinas, dependiente del Ministerio de Asuntos Campesinos. Se crean nuevas escuelas normales urbanas y las escuelas normales rurales. El sistema educativo, gracias a esos mecanismos, alcanza en pocos años tasas antes inimaginables de cobertura de servicios. Las tasas de analfabetismo caen progresiva y significativamente hasta el 36% en veinticinco años. Y las siguientes deficiencias o carencias: A la enorme expansión de la cobertura del sistema, acompaña el deterioro acelerado de la calidad de la educación en las ciudades que crecen rápidamente como efecto de la reforma agraria.
