¡Descarga La transacción extrajudicial como excepción en el Primer Pleno Casatorio Civil y más Monografías, Ensayos en PDF de Derecho Procesal Civil solo en Docsity!
Primer Pleno Casatorio Civil:
¿El Fin Justifica los Medios?
Marianella Lcdcsma N arvacz·
<<El debate desarrollado en torno al Primer Pleno Casatorio Civil ha sido abundante en la doctrina nacional; sin embargo,
el aporte que la profesora Ledesma hace al respecto es enriquecedor a la discusión, toda vez que de una manera clara,
didáctica y precisa, desde un enfoque constitucional y sobre la base de los fines que cumple el Derecho Procesal, pone a
nuestra consideración temas tan relevantes como (i) la inconstitucionalidad del Pleno Casatorio o (ii) la naturaleza de
la transacción extrajudicial y su posibilidad de oponer/o como excepción dentro del proceso. Sin lugar a dudas, el presente
ensayo es un importante aporte a la doctrina nacional por su alto grado de aplicación en la judicatura nacionah.
El Primer Pleno Casatorio No 1465-2007-
Cajamarca, ha sentado un polémico precedente
sobre los efectos que genera para el futuro proceso judicial la transacción extrajudicial realizada al amparo del artículo 1302 del Código Civil. El tema no sólo es polémico por la posición asumida en cuanto a la posibilidad de la no revisión de lo definido mediante transacción extrajudicial, sino por el mecanismo asumido para conseguir tamaño pronunciamiento; de ahí que este comentario tratará de mirar bajo dichas aristas el resultado del Primer Pleno Casatorio.
l. ¿El Fin Justifica los Medios?
1. Origen Dual de la Jurisprudencia Vincu-
lante
Para nuestro sistema judicial, la jurisprudencia con carácter vinculante tiene dos vertientes reguladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Código Procesal Civil. En el primer caso, el art. 22 de la referida Ley Orgánica señala:
«Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el diario oficial El Peruano de las ejecutorias que fijan principios jurisprudencia les que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso
Profesora ordinaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
que por excepc1on decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan (... )''·
En atención a ello, venimos apreciando con mucha complacencia, la publicación de diversos precedentes vinculantes en el ámbito penal (ver El Peruano martes 25 de marzo del 2008) en la que los Vocales integrantes de las Salas Penales (permanente y transitoria) de la Corte Suprema, reunidos en Pleno Jurisdiccional han señalado por unanimidad los principios jurisprudencia les con carácter vinculante, que constituyan doctrina legal de la Corte Suprema.'
Es importante precisar que los Vocales que participan y suscriben los Acuerdos Plenarios son exclusiva- mente los integrantes de las Penales de la Corte Suprema, al margen que sean jueces titulares o provisionales en el Colegiado; ello es un indicador interesante (la especialidad por parte de quienes definen la doctrina legal) para legitimar jurídicamente su resultado.
En el caso del Código Procesal Civil, el artículo 400 señala:
«Cuando una de las Salas lo solicite, en atención a la naturaleza de la decisión a tomar en un caso concreto, se reunirán los Vocales en Sala Plena para discutirlo y resolverlo.
A la fecha se han celebrado nueve Acuerdos Plenarios, para lo cual, es importante destacar la metodología utilizada. Conforme expresa el punto 3 del Acuerdo Plenario No 1-2007/ESV-22 «se delrmító, con carácter preparatorio, el ámbito de las Ejecutorías Supremas que correspondían analizar y se aprobó revisar las decisiones dictadas el año pasado. A continuación el Equipo de Trabajo designado, bajo la coordinación del señor San Martín Castro, presentó a cada Sala un conjunto de Ejecutorías que podían cumplir ese cometido. Cada Sala de este Supremo Tnbunal, en sesiones preliminares, resolvieron presentar al Pleno las EJeCutorías que estimaron procedentes. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se dispuso la publicación de las Ejecutorias que se mencionan en la parte resolutiva del presente Acuerdo Plenario( ... )».
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1 Comentarios a la Jurisprudencia 1
La decisión que se tome en mayoría absoluta de los
asistentes al Pleno constituye doctrina jurisprudencia!
y vincula a los órganos jurisdiccionales del Estado,
hasta que sea modificada por otro pleno casatorio.
Si los abogados hubieran informado oralmente a la
vista de la causa, serán citados para el pleno casatorio.
El pleno casatorio será obligatorio cuando se conozca
que otra Sala está interpretando o aplicando una
norma en un sentido determinado"·
El Pleno Casatorio, materia de comentario, ha sido
trabajado en atención a lo regulado por el Código
Procesal. De la lectura del referido artículo 400 CPC,
podemos apreciar que la doctrina legal se puede
desarrollar en la Corte Suprema bajo dos escenarios.
El primero, nos ubica bajo una Casación en giro,
pendiente de definición; el segundo, una Casación
definida, bajo la interpretación o aplicación de una
norma legal en forma contraria a lo que asume otro
Colegiado, sobre el mismo tema.
Como se podrá apreciar, la doctrina legal en nuestro
país se construye a través de diversos procedimientos,
regulados por la Ley Orgánica del Poder Judicial y el
Código Procesal Civil. Esto permite mostrar
diferencias en la creación de la jurisprudencia
vinculante, así pues, a la fecha tenemos precedentes
en materia penal, obtenido bajo las reglas de la Ley
Orgánica y que son el resultado del pronunciamiento
de los integrantes de las Salas Penales de la Corte
Suprema, lo que nos permite mirar dichos criterios
con mayor confiabilidad por tratarse de criterios
altamente especializados.
Además, se toma las resoluciones emitidas por las
Salas Especializadas, luego de haberse definido la
situación jurídica en debate ante el Supremo Tribunal;
por tanto, la vinculación que se establezca a partir de
dichos Acuerdos Plenarios tendrá efectos ex nunc.
Aún más, debe precisarse que dicha actividad no
encierra una función jurisdiccional propiamente
dicha, sino el cumplimiento de una función de
normativa-judicial, encomendada por Ley,
exclusivamente a los jueces integrantes de las Salas
Especializadas de la Corte Suprema. En ese sentido,
resulta coherente lo que invoca el Acuerdo Plenario
No 1-2007/ESV-22: «Corresponde a las Salas
Especializadas de este Supremo Tribunal realizar una
labor previa de revisión de las Ejecutorias emitidas y,
respecto de ellas, escoger aquellas que fijan
principios jurisprudenciales que deben erigirse en
precedentes vinculantes para los jueces de la
República; y, de este modo, garantizar la unidad en
la interpretación y aplicación judicial de la ley, como
expresión del principio de igualdad y afirmación del
valor seguridad jurídica".
A diferencia de lo que regula la Ley Orgánica para la
creación de la jurisprudencia vinculante, el Código
Procesal Civil establece un mecanismo que puede
ser sistematizado bajo dos escenarios:
a)
b)
cuando la doctrina jurisprudencia! se fije en
atención a la existencia de una Casación, en
giro^2 ; esto es, como señala el texto de la norma,
en atención «a la naturaleza de la decisión a
tomar en un caso concreto»; y
cuando la Casación se ha definido pero «se
conozca que otra Sala está interpretando o
aplicando una norma en un sentido
determinado".
Por la redacción de la norma, podemos inferir,
que el primer supuesto invoca un acto
facultativo a recurrir por el Colegiado,
previamente a definir la Casación; en el
segundo caso, la norma es categórica al hacer
referencia a la «obligatoriedad» del Pleno
Casatorio. Además, el Código Procesal, precisa
que serán los Vocales en Sala Plena los que
discutirán y resolverán la Casación en giro,
sometida a su decisión^3 •
Lo descrito hasta el momento, nos lleva a sostener lo
siguiente:
a) Las fuentes generadoras de jurisprudencia
vinculante no son uniformes;
b) Los precedentes (que no tienen su origen en
el Código Procesal) cuentan con el privilegio
de la especialidad y el efecto ex nunca
diferencia del que se origina en las normas del
Código Procesal, que es emitida por los
integrantes de la Sala Plena de la Corte Suprema
y no -exclusivamente- por los integrantes de
las Salas Especializadas;
e) La doctrina jurisprudencia! trabajada bajo las
reglas del Código Procesal, tiene un efecto
directo sobre la Casación en giro por definir, a
diferencia de la generada por la Ley Orgánica,
cuyo vinculante es ex nunc; y
Precisamente, el Pleno Casa torio de fecha 22 de enero del 2008 se ubica en este supuesto, pues, fue promovido para definir la Casación pendiente en el expediente No 1465-2007-Cajamarca. Aún mas, se lee en el texto del Pleno Casatorio Civil (punto 82) lo siguiente: En la Razón emitida por la señora Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia de la República, se hace alusión que se han remitido juntamente con este proceso las casaciones W 1463-2007, seguido por Bartolomé Pérez Lozano y otros contra la Minera Yanacocha S. R. L, Ransa Comercia! S. A. y Arturo Blanco Bar; W 1811-2007, seguido por José Azañero Chuquiruna y otros contra los mismos demandados, y W 1813-2007, seguido por Margarita Cabani!las Miranda y otros, también contra las mismas partes, expedientes que deben devolverse a su Sala de origen para que procedan de acuerdo al precedente fijado en este Pleno Casatorio. Para generar doctrina jurisprudencia! vinculante, la decisión que se tome en Sala Plena sera con mayoria absoluta de los asistentes al Pleno; permitiendo que los abogados, si hubieren informado oralmente a la vista de la causa, puedan ser citados para el Pleno Casatorio.
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1 Comentarios a la Jurisprudencia 1
Como se aprecia, la Constitución vigente ha expandido el sistema de control concreto de constitucionalidad de la ley, por ello, cualquier juez
no sólo puede sino que debe inaplicar toda la norma
contraria a la Constitución por exigirlo así, perentoriamente, el deber de sometimiento a la supremacía de ésta, que impone a los órganos del Estado y, por ende, a los jueces. Según el art. 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la sentencia del juez que declara la inaplicación de la norma inconstitucional tendrá que ser revisada por la Corte Suprema, sea por apelación o en consulta, con el fin de asegurar cierta unidad de criterio en el ámbito judicial. Esto nos lleva a reflexionar acerca del órgano de la Corte Suprema que tendría que conocer en consulta la inaplicación de una norma legal por control difuso, realizada por alguna de las Salas de la Corte Suprema; en tales circunstancias, nos atrevemos a opinar que la consulta podría ser absuelta por otra de las Salas de la Corte Suprema, privilegiando la especialidad en ella.
En cuanto a la obligatoriedad de ejercer el control difuso se sostiene que: «el control difuso es un
instituto jurídico sui generis, pues no es solamente
facultad de quien debe aplicar la ley al caso concreto, porque la Constitución no lo establece como posibilidad, sino como exigencia, pero ambas (facultad y exigencia) referidas exclusivamente a quien debe resolver>>.
Los magistrados, para preferir la norma constitucional frente a la legal o la legal frente a la de inferior jerarquía, al resolver un caso concreto, deben tener la convicción que la norma que pretenden aplicar es inconstitucional o ilegal. Si no tienen tal convicción, tendrán que aplicar la ley o la norma de inferior jerarquía. Esto significa que «nadie puede obligar a ejercer el control difuso; que la decisión de optar por él. es exclusiva de quien debe aplicar la norma a un caso concreto; por eso, la norma sigue vigente y el mismo operador u otros pueden aplicarla en otros casos».
El control difuso de constitucionalidad de las normas
constituye un poder- deber del juez a quien nuestra
Carta Magna ha habilitado para preservar el principio de supremacía constitucional y en general el principio de jerarquía de las normas de acuerdo a lo estipulado en el artículo 51de la Constitución Política. 10 Este control es un poder- deber consubstancial a la función jurisdiccional a efectos de garantizar el proceso sea constitucional, es decir, que se conduzca procesalmente y ser resuelta en cuanto al fondo conforme a normas de indubitable constitucionalidad pues no puede reputarse como debido proceso aquel tramitado aplicando normas procesales de cuestionable constitucionalidad o es resuelto aplicando normas sustantivas cuyas
1 O Ver STC. Expediente 908·96-AA!rC; del 30 de Junio de 1997. 11 Ver STC. Expediente 145-99-AA/TC deiS de Setiembre de 1999.
inconstitucionalidad resulta evidente; siendo además que el empleo del control difuso es un acto sumamente grave y complejo, en tanto que significa preferir la aplicación de una norma cuya validez en principio resulta beneficiada de la presunción de legitimidad de las normas del Estado, esto lo ha señalado el Tribunal Constitucional precisando que «el control difuso se constituye en un mecanismo de
ultima ratio al que se puede accede única y
exclusivamente cuando la inconstitucionalidad de la norma invocada es manifiesta.» 11
Esto significa que no se puede obligar a ejercer el control difuso a ninguna autoridad que ejerce función jurisdiccional; que la decisión de optar por el control difuso es exclusiva de quien debe aplicar la norma al caso concreto. Esto implica que si quien debe resolver tiene la convicción de que la norma a aplicar es inconstitucional, debe preferir la Constitución, pero tal convicción le concierne sólo a él, «ningún agente externo, aunque fuera superior jerárquico, puede obligarlo a tomar tal decisión». De lo anterior se desprende que la aplicación o no del control difuso sobre el artículo 400 CPC, por parte de los miembros de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, es un poder-deber, cuya inaplicación no genera ninguna consecuencia, pues, no pueden ser obligados a apreciar la norma (art. 400 CPC -primera parte-) bajo la arista de una cuestionada constitucionalidad.
3. La Vulneración del Stare Decisis y los
Criterios Contradictorios Emitidos por un
Mismo Juez
Una de las observaciones que se puede hacer a la jurisprudencia vinculante generada a raíz del Pleno Casatorio es la incongruencia del voto del Vocal ponente de la posición por mayoría, con el contenido de sus votos singulares emitidos en diversas causas en la que intervino como Presidente de la Sala Civil Permanente.
Decimos ello, porque hemos venido apreciando con gran interés las razones que exponía dicho magistrado en sus votos singulares, frente a la excepción de transacción propuesta por la demandada empresa minera Yanacocha.
De la lectura de las resoluciones recaídas en la
Casación No 1809-2007-Cajamarca del 8 de
noviembre del2007, en los seguidos por Arquímedes Miranda Flores contra la empresa Minera Yanacocha
SCLtda sobre indemnización; la Casación No 1805-
2007- Cajamarca del 13 de noviembre del 2007, en
los seguidos por Casimiro Herrera Valencia y Maria Andrea Chilón Flores contra la Empresa Yanacocha
SCLtda sobre indemnización; la Casación No 679-
2007- Cajamarca del 6 de noviembre del 2007, en
los seguidos por Eusebio León Chahuayo y otros
contra la Empresa Yanacocha SCLtda sobre
indemnización, sostenía lo siguiente:
« ... analizadas las denominadas transacciones
extrajudiciales presentadas por Minera Yanacocha
Sociedad de Responsabilidad Limitada (... ) las cuales
se celebraron antes del inicio de la presente causa, se
constata que ellas no precisan obligaciones y derechos
pre-establecidos a cargo de cada una de sus
suscribientes susceptibles de transacción y menos que
las partes se hayan hecho recíprocas concesiones de
derechos. No consta de los anotados documentos
obligación alguna a cargo de los actores y en favor de la
aludida empresa, que habría servido de base para las
concesiones transaccionales. Por lo demás, resulta
incongruente la posición de la mencionada empresa
cuando, al deducir la excepción de conclusión del
proceso por transacción, se ampare en las mencionadas
transacciones extrajudiciales y, no obstante, en el
contenido de las mismas se constata la aseveración de
la codemandada empresa minera Yanacocha Sociedad
de Responsabilidad Limitada en el sentido de que no
reconoce tener responsabilidad por lo hechos que son
el sustento de la presente demanda, sosteniendo que
no se encuentra de acuerdo con pagar a la parte
indemnizada (demandante) la suma solicitada (ver
transacción de fojas setecientos dos de los presentes
autos). De los anotados documentos, en todo caso,
emerge que las denominadas transacciones han tenido
por objeto pretender impedir a los ahora demandantes
reclamar sus derechos relativos a la indemnización por
los daños sufridos en su integridad física y en su salud
como consecuencia de la manipulación del mercurio,
lo que no está permitido por el numeral1305 del Código
Civil, si a ello se agrega que en los citados documentos
se adiciona que la mencionada empresa «proveerá un
seguro a favor de la parte indemnizada (demandantes)
y sin costo para ésta, que cubra por el plazo de cinco
años los gastos médicos asociados con las
enfermedades derivadas de la contaminación con
mercurio».
Añadiendo textualmente además:
«Por otro lado, la parte indemnizada (demandantes)
declara conocer que la exposición al mercurio puede
ser dañina y, asimismo, declara que no se encuentra
en posesión de mercurio y que no guarda mercurio
en su vivienda o en otro local», precisiones que hacen
suponer que se habría pretendido transigir sobre
derechos no patrimoniales y que por su naturaleza
tienen el carácter de irrenunciables e intransigibles.
( ... ) Consecuente con lo anotado, y ante
transacciones irregulares, que no pueden servir de
sustento válido para la excepción correspondiente,
el recurso de casación por la causal de contravención
de normas que garantizan el derecho al debido
1 Marianella Ledesma Narvaez 1
proceso debe ampararse, casando la resolución
impugnada. Y en virtud de los principios de
economía procesal e instancia plural,
existiendo en el presente proceso suficientes
elementos de juicio, esta Sala Casatoria debe
anular la sentencia de vista y, actuando en sede
de instancia, debe revocar la resolución de
primera instancia en e/ extremo que declara fundada la excepción de conclusión del proceso por transacción respecto de los menores de edad citados y reformándola debe declararse infundado dicho medio de defensa deducida por la parte demandada» 12 (las negritas y subrayado es nuestro)
Resulta contraproducente apreciar que el autor de
los votos singulares citados, pese a considerar que la
excepción de transacción propuesta por la empresa
Yanacocha, se declare infundada, sostenga todo lo
contrario, al redactar la ponencia por mayoría, en el
Pleno Casatorio. Con esa actuación ¿se afecta el
principio igualdad? Consideramos que la posibilidad
que tiene un juez de apartarse de los criterios que
haya asumido en algún momento es válido pero no
irrestricto. Está condicionado a una explicación o
justificación del porqué hoy niega la posición que
originalmente asumió en determinado caso.
Hubiera sido interesante que el Vocal Supremo,
ponente del acuerdo por mayoría, señalara o
precisara el caso (número de expediente) en el que
se apartó del criterio que había venido asumiendo
en las citadas Casaciones No 1809-2007-Cajamarca,
No 1805-2007- Cajamarca, Casación No 679-2007-
Cajamarca, todas provenientes de la Sala Civil
Permanente.
Los jueces no sólo se vinculan con los precedentes
de obligatorio cumplimiento, que provengan del
Tribunal Constitucional, de las Salas Especializadas
de la Corte Suprema en Acuerdo Plenario y del Pleno
Casatorio, sino que también se vinculan con sus
propias decisiones emitidas en otros casos de similar
naturaleza.
El principio del stare decisis 13 , que tiene influencia del
derecho anglosajón, justifica dicha vinculación del
propio juez con sus propias decisiones para hoy y
para el futuro. La mayoría de los sistemas jurídicos
reconocen que la jurisprudencia reiterada debe de
alguna forma vincular a los jueces pues, si bien son
independientes, es necesario evitar que sus
sentencias sean totalmente imprevisibles o que
dicten sentencias contradictorias de forma caótica.
Aún mas, si bien la redacción del art. 22 LOPJ señala
que las ejecutorias que fijan princ1p1os
jurisprudenciales deben ser invocados por los
Magistrados de todas las instancias judiciales,
12 Ver fundamento 11 y 13 del voto singular del Vocal Vásquez Vejarano, en las causas citadas. 13 Esta doctrina es propia del derecho anglosajón. y no tiene tanta fuerza en sistemas de derecho continental en donde la jurisprudencia tiene una
obligatoriedad mucho más reducida y la capacidad del i.J,J§:;de interpretar la Jno según su criterio es mucho más amplia.
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319
dolo, etc, o sea, que el juez no puede revisar el
proceso que ha culminado en una sentencia, de
modo que la cosa juzgada se desprende de la
sentencia y cubre la actividad anterior a ella. Sólo en
este sentido puede hablarse propiamente de cosa
juzgada, en cuanto la solución se independiza de la
actividad anterior y tiene valor por sí misma".
A pesar que la última parte del art. 1302 CC precisa que
la transacción tiene valor de cosa juzgada, es casi
unánime los criterios que la asumen como una ficción
legal. Veamos, Gómez Orbaneja 16 , considera que no
hay tal cosa. Se trata de una metáfora secular, y que ha
cumplido históricamente la misión de subrayar el
carácter meramente declarativo del contrato, ya que la
sentencia del juez no crea derechos y se limita a declarar
los ya existentes. Albaladejo 17 , apoya esta tesis al decir
que la Ley, para dar una idea del carácter obligatorio de
la transacción, habla metafóricamente, que para las
partes tiene la autoridad de la cosa juzgada; no se puede
interpretarse en su sentido literal. Serra afirma que no
existe cosa juzgada en las causas de terminación del
proceso derivadas de la común voluntad de ambas
partes. La transacción no produce la cosa juzgada, por
la sencilla razón que nada se ha juzgado, lo cual no
impide que pueda producir efectos similares a los de la
cosa juzgada, entre los que destaca la preclusión de
ulteriores procesos, pero para que se produzca dicha
preclusión es indispensable que se declare la corrección
de la transacción>>.
Para Cortéz Domínguez 18 , la eficacia de la cosa
juzgada está reservada a los actos judiciales decisorios
en el fondo, y porque al estar sometida la transacción
a la acción de nulidad, no tiene un carácter inmutable
ni permanente, por ello, resulta dudoso que en un
proceso ulterior se pueda oponer, con fuerza
equivalente a la de auténtica excepción de cosa
juzgada, la transacción extrajudicial 19 •
Carrera LLansana^10 considera que la eficacia de la
transacción no es la invulnerabilidad o inmutabilidad,
en cuanto puede ser rescindida o anulada, sino poner
término a una incertidumbre psicológica y a una
litigiosidad objetiva. Y esta definición de lo incierto y
litigioso se impone al juez como hecho jurídico, pero
no como acto revestido de «imperium» que sólo tiene
la sentencia.
En conclusión para Peláez^2 1, cuando el Código Civil
dice que la transacción tiene entre las partes la
1 Marianella Ledesma Narvaez 1
autoridad de la cosa juzgada, está utilizando una
expresión metafórica con la única finalidad de
reforzar la eficacia que tiene para que no quede
reducida a ser Ley, como cualquier otro contrato,
entre las partes contratantes.
6. Transacción Judicial y Control Jurisdi-
ccional
La transacción tiene como objeto eliminar la
controversia. Es un acto personalísimo porque
involucra la comparencia de las partes, por ellas
mismas o por representación, para realizar la
transacción y para reafirmarse de ella ante el órgano
jurisdiccional. El juez tiene la obligación de tener en
cuenta la decisión de las partes, pero ello no impide
que valore la validez de la transacción, esto es, no
puede revisar el fondo del acuerdo, sino verificar
que el acuerdo se trabaje dentro de la esfera de lo
disponible por las partes, esto es, que no atente
contra la moral o el orden público, así como debe
comprobar el acatamiento de los requisitos formales
de ella, como el aspecto patrimonial y las
concesiones recíprocas. Para Fenech, «el juez viene
obligado a tener en cuenta la decisión de las partes y
a no contradecirla, aunque la crea injusta, pero no
impide que el juez valore la validez del propio
contrato de transacción y que estime si ha sido
otorgado con dolo, etC>>. Esto es, no puede revisar el
fondo, el contenido del pacto pero sí lo referido al
derecho indisponible; se ciñe a comprobar la
regularidad de los requisitos formales y materiales
para que el contrato sea válido y pueda producir sus
efectos extintivos de una controversia.
La cosa juzgada y la ejecución son aspectos distintos de
un acto procesal. La transacción judicial homologada
es la única que puede considerarse título de ejecución
con efecto de cosa juzgada, de ahí que se considera a
la transacción homologada o autorizada por el órgano
jurisdiccional el calificativo de judicial.
Según Morello 22 , «no es necesario que el juez apruebe
la transacción para que esta sea válida; la
homologación judicial del convenio por las partes
no hace al perfeccionamiento de éste, que queda
completo aún sin ese recaudo, sino que importa,
desde el ángulo procesal, un modo de terminación
del proceso que integra la decisión inicial de las
partes, proveyéndola de la autoridad de cosa
juzgada». Una cosa es la validez de la transacción y
16 Gomez Orbaneja, Derecho Procesal Civil, Vol.1, Madrid, 1979, citado por Peláez, Op. Cit., p.41 O 17 Albaladejo Manuel, Derecho Civil, t.ll, Vol.ll, Bosch, Barcelona, 1979, p. 443 18 Cortéz Dominguez, Derecho Procesal Civil, t. l. Vol. 1°, Valencia, 1986, p. 19 Peláez, Op. cit. p. 162 20 Carreras Llansana, Tratamiento procesal de la excepción de cosa juzgada en el Derecho Positivo Español, en Estudios de Derecho Procesal, Barcelona, 1962, p. 323, citado por Peláez, Op.cit. p. 168 21 Op. cit. p. 169 22 Morello Augusto, «La transacción desde la perspectiva procesal» en Revista Colegio de Abogados de La Plata, julio-diciembre, 1973, p. 375
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1 Comentarios a la Jurisprudencia 1
otra la aprobación, ello conlleva a que una transacción no pueda ser aprobada judicialmente, pero que pueda ser válida en su contenido.
Homologar es aprobar; sentenciar, es decidir. Son dos manifestaciones distintas al poder jurisdiccional. En el caso de la transacción procede que el juez que haya intervenido en el proceso apruebe el acto voluntario de las partes, pero lo que da el carácter de cosa juzgada no es la decisión de él, sino aquel acto voluntario. Carnelutti califica a esta decisión de las partes, que por su voluntad componen la litis, sustitutos procesales o lo que es lo mismo equivalentes jurisdiccionales. La homologación no es una sentencia, es una aprobación. Cuando decide el juez solo lo hace mediante una sentencia. Aunque ambas actividades son distintas: homologar y sentenciar, ambas son actos jurisdiccionales con el atributo de la cosa juzgada. Coincidimos con la posición de Fernando Paya y Susana Lima 23 cuando señalan que <da homologación no es una sentencia sino una aprobación y que aún ésta, para ser valedera, debe respaldarse en un análisis pormenorizado de las circunstancias que conducen a ella>>.
No todas las transacciones son sustitutivas de las sentencias judiciales. Puede darse el caso de las transacciones extrajudiciales que evita se produzca el pleito o se da por terminado el que se había iniciado, sin que para nada intervenga el órgano judicial. Este supuesto puede operar cuando el pleito ha comenzado o cuando todavía es una posibilidad, pues en uno u otro caso es una transacción extrajudicial.
Cuando antes de iniciar el proceso judicial se celebra una transacción por las partes, ésta se ha realizado al margen de la intervención judicial; por el contrario, si inició el cobro judicial de la deuda y las partes realizan la transacción sin solicitar y obtener la aprobación judicial, el resultado es el mismo que en el caso anterior, por quedar todo oculto y reseñado entre las partes, quienes han actuado de espaldas al proceso. Véase que una situación es la transacción y otra la «aprobación» de la transacción, como condición de la cosa juzgada.
También tiene el mismo resultado, aún si se efectúa la transacción, al margen de un proceso iniciado y posteriormente se incorpora al proceso pidiendo que
se archive todo, sin recabar la aprobación judicial, el
resultado es el mismo, porque la autoridad judicial se limita a la mera lectura y al archivo del proceso y no al control y posterior declaración de la cosa juzgada. Esta situación aparece regulada en el inciso 4 del artículo 322 CPC.
En el caso de las transacciones judiciales, no sólo se orienta a concluir el proceso como consecuencia de
un acto exclusivamente de parte sino como un acto -a la vez- del órgano jurisdiccional. El juez recoge la transacción y la aprueba, extinguiendo formalmente el proceso. Cuando se opera con este tipo de transacciones judiciales se trata de una sustitución cualificada porque las partes no solo se limitan a sustituir la decisión del juez sino que someten la decisión que estas han tomado al conocimiento y aprobación del juez.
Es precisamente esta valoración que hace el juez de la transacción lo que permite calificarla de judicial, y no el hecho que se hubiere dado luego de iniciado un proceso judicial, puesto que aún así podría considerarse una transacción extrajudicial. La transacción judicial para que exista como tal requiere, no solo ser pactada después del planteamiento de la demanda, sino incorporada al proceso y aprobada por el juez, en tanto no se de estos supuestos: incorporación y aprobación, no podrá calificarse como judicial.
7. Conclusión del Proceso y Cosa Juzgada
Couture 24 , define a la excepción como «el poder jurídico de que se haya investido el demandado, que le habilita para oponerse a la acción promovida contra él». El art. 446 CPC recoge las excepciones procesales y contempla en el inciso 8 la excepción de cosa juzgada y en el inciso 10° la excepción de conclusión del proceso por conciliación y transacción.
En el supuesto de iniciarse un proceso judicial luego de haberse materializado la transacción extrajudicial por los mismos hechos, podríamos aparentemente recurrir a ambas excepciones para oponernos a los efectos de la relación jurídica entablada. Se podría sostener que resulta excesivo contemplar la excepción de conclusión del proceso por conciliación y transacción, pues, la excepción de cosa juzgada le brinda dicha cobertura, porque como señala el art. 337 y 327 CPC.Ia conciliación y transacción judicial tienen la autoridad de la cosa juzgada.
Frente a ello sostenemos que no es cierto Jo afirmado líneas arriba, pues, ambas excepciones responden a supuestos jurídicos diversos, como explicarnos a continuación:
Las partes en litigio pueden acordar poner fin a éste, mediante transacción o conciliación judicial, sin embargo, dicho acto procesal puede ser sometido al control jurisdiccional para lograr un efecto homologatorio sobre dicho acuerdo. Esto implica que un acuerdo por transacción, puede ser sometido a un control posterior por la jurisdicción. Como consecuencia de ese control se puede lograr un control positivo, aprobatorio y por ende, el efecto de la cosa juzgada
23 Paya Fernando y Susana Lima, Extmción del proceso civil por voluntad de las partes, Abeledo Perrot, Buenos Aires, p. 133 24 Couture Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Depalma, 1977, p. 89
1 Comentarios a la Jurisprudencia 1
puede oponer como excepción de transacción».
En este punto disiento de ese precedente, ya que
considero que, si es dable oponer la excepción de
transacción, vista desde un enfoque material.
Así, el tema indemnizatorio podría ser revisado a
través de una excepción de transacción material,
donde indirectamente opere la actividad
homologatoria. Por tanto, si se percatara una variación
en la magnitud del daño proveniente del mismo
hecho generador del daño, sería ostensible
replantear el monto, a través de dicha excepción.
Entonces, ¿por qué negar en el proceso que se
sigan discutiendo estos temas, si se refieren a
los mismos hechos y consecuencias? De ser así,
la transacción va a prevalecer, pero si nos percatamos
que existe de manera sobrevenida, una variación en
la magnitud del daño, la cual se ha acrecentado o
intensificado, comparada a la inicialmente transada,
considero que hay justificación suficiente para que
la transacción pueda ser repensada en el monto
indemnizatorio.
Así, la discrecionalidad en el «quantum» no es una
novedad, ya que en el ámbito judicial los jueces
pueden dictar sentencias con condenas con reserva,
bajo la premisa: «Sé que eres responsable pero el
monto me lo reservo para una futura liquidación ya
que a priori no se puede determinar por carecer de
ciertos parámetros que en cambio, si los puedo
obtener a futuro». Estamos ante las sentencias de
condena ilíquidas.
Transacción Judicial Pone fin al proceso iniciado: 333 CPC
Permite expresamente la homologación de acuerdos 337 CPC
Genera título de ejecución, el acuerdo homologado: epc)
688 CPC (713.1 derogado
-- ·------------~-~~~--- Requiere congruencia entre las prestaciones con el objeto litigioso: 337 CPC
------~--- Permite oponer la transacción judicial al nuevo proceso, mediante la excepción de cosa juzgada y conclusión del proceso por transacción
Portanto, aplicando la misma lógica de las condenas
a futuro a la transacción extrajudicial, el monto
indemnizatorio sería revisable a través de una
excepción material, pese haberse reconocido el daño
generado. Finalmente, hubiera resultado interesante
para el derecho nacional colocar como parte del
Primer Pleno Casatorio la admisión a debate de la
transacción extrajudicial, analizada desde un punto
de vista de una excepción material, no como
excepción procesal, en aras de una verificación
indirecta homologatoria y de una determinación del
quantum indemnizatorio bajo una «magnitud» del
daño desconocido en su real dimensión, al momento
de transar.
9. Reflexiones Finales
l. La redacción del art. 400 CPC es
inconstitucional pues permite que un órgano
que no ejerce función jurisdiccional, como es
la Sala Plena de la Corte Suprema, se avoque al
conocimiento de un proceso en giro, como ha
sucedido en el caso de la Casación No 1465-
2007-Cajamarca.
Con ello, no sólo se infringe el inciso 2 del art.
139 de la Constitución del Estado, sino que se
vulnera el principio del juez natural, bajo la
justificación de crear jurisprudencia vinculante
ante fallos contradictorios emitidos por las Salas
de la Corte Suprema. Todo ello nos permite
afirmar que la Casación en giro, definida por
Sala Plena, vulnera las reglas del debido
Transacción Extrajudicial Evita el litigio y pone fin al proceso: 1 302 Código Civil
Vacío legal en cuanto a la homologación extra proceso
Genera título ejecutivo: inciso 5 art. 693 CPC
-~--~-~ ~---------- No requiere congruencia entre las prestaciones recíprocas con las que han constituido objeto de controversia entre las partes: 1 302 Código Civil -----~------~ La transacción extrajudicial no resulta oponible al nuevo proceso judicial
---- --- --- ----. ---- -------- -----· - --- ----- -----·-·----- ---~~ -- - -------- -^ ~ ---- --- -------- ----- Concluye el proceso por transacción : 322.4 sin No existe proceso judicial control homologatorio ----- ----. -------------- ------ ~ -----··----- ----··-----~---- ·-~-~-----~ -- ····-- - -^ ·----- -·-·----- El acuerdo homologado es impugnado por El^ acuerdo^ por^ transacción^ celebrado^ bajo actividad dolosa, a^ través^ de^ la^ Nulidad^ de^ dolo^ se^ cuestiona^ a^ través^ de^ la^ nulidad^ de^ la cosa juzgada fraudulenta: 178 CPC transacción
proceso, pues, ha aplicado normas procesales
de cuestionable constitucionalidad.
La transacción que se celebra fuera del proceso
y con antelación a éste, no genera el efecto de
la cosa juzgada.
Tampoco permite oponer la excepción de
transacción al proceso ya iniciado con
posterioridad a su celebración, porque la
regulación del inciso 1 O del art. 446 CPC,
requiere de la existencia de un proceso judicial
que haya concluido por transacción. La
transacción extrajudicial, es sencillamente el
argumento para una excepción de derecho
material o de fondo, mas no procesal, referido
a un hecho que se aporta al proceso con la
finalidad de hacer inaplicable la pretensión del
actor; por ello, nuestra legislación no contempla
de manera expresa la «excepción de
transacción», sino la de «conclusión del proceso
1 Marianella Ledesma Narvaez
por transacción>>, la misma que requiere
necesariamente de la existencia de un proceso
que haya concluido.
3. La excepción de la cosa juzgada que regula el
inciso 8 del art. 446 CPC, se opone a los
procesos que hayan concluido por transacción
homologada; la excepción de conclusión del
proceso por transacción, inciso 1O del art. 446
CPC. se opone cuando se inicia un proceso
idéntico a otro que concluyó por transacción,
aunque no se hubiere homologado.
4. Si la transacción judicial, valorada como un acto
procesal que pone fin al proceso, y no se somete
al control jurisdiccional, ello no implica la invalidez
del acuerdo, pues, lo que se enerva son los
efectos que otorga la homologación, cual es,
aprobar la composición del pleito a través de la
transacción con la calidad de cosa juzgada ~
