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de el tcp y organo judicial un breve resumen de las funciones que cada una de estas entidades tiene
Tipo: Monografías, Ensayos
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Imparte justicia y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad,
celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana,
armonía social y respeto a los derechos.
Gratuidad, publicidad, transparencia,
oralidad, celeridad, probidad,
honestidad, legalidad, eficacia,
eficiencia, accesibilidad, inmediatez,
verdad material, debido proceso e
igualdad de las partes ante el juez.
Se fundamenta en los principios procesales de:
Garantiza el principio de impugnación
en los procesos judiciales.
no reconocerá fueros, privilegios ni
tribunales de excepción.
Es el máximo tribunal de la
jurisdicción ordinaria
Está integrado por Magistradas y
Magistrados
Se organiza internamente en
salas especializadas
Serán elegidas y elegidos
mediante sufragio universal.
Las y los postulantes o persona
alguna, no podrán realizar
campaña electoral a favor de sus
candidaturas, bajo sanción de
inhabilitación.
Efectuará por dos tercios de sus
miembros presentes la
preselección de las postulantes y
los postulantes por cada
departamento y remitirá al
órgano electoral la nómina de los
precalificados para que éste
proceda a la organización, única y
exclusiva, del proceso electoral.
no podrán pertenecer a
organizaciones políticas.
Ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de
competencia a través de sus autoridades, y
aplicarán sus principios, valores culturales,
normas y procedimientos propios.
El Tribunal Agroambiental es el máximo tribunal
especializado de la jurisdicción agroambiental.
Se rige en particular por los principios de función
social, integralidad, inmediatez, sustentabilidad
e interculturalidad.
Respeta el derecho a la vida, el derecho a la
defensa y demás derechos y garantías
establecidos en la presente Constitución.
Se fundamenta en un vínculo particular de las
personas que son miembros de la respectiva
nación o pueblo indígena originario campesino
Se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia
personal, material y territorial:
Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la
nación o pueblo indígena originario campesino, sea
que actúen como actores o demandado,
denunciantes o querellantes, denunciados o
imputados, recurrentes o recurridos
Serán necesarios los mismos requisitos que los miembros
del Tribunal Supremo de Justicia, además de contar con
especialidad en estas materias y haber ejercido con
idoneidad, ética y honestidad la judicatura agraria, la
profesión libre o la cátedra universitaria en el área,
durante ocho años. En la preselección de las candidatas y
los candidatos se garantizará la composición plural,
considerando criterios de plurinacionalidad
El sistema de prohibiciones e incompatibilidades
aplicado a las Magistradas y los Magistrados del
Tribunal Agroambiental será el de los servidores
públicos
Serán elegidas y elegidos mediante sufragio
universal, según el procedimiento, mecanismos y
formalidades para los miembros del Tribunal
Supremo de Justicia
Es la instancia responsable del régimen
disciplinario de la jurisdicción ordinaria,
agroambiental y de las jurisdicciones
especializadas; del control y fiscalización de su
manejo administrativo y financiero; y de la
formulación de políticas de su gestión. El Consejo
de la Magistratura se regirá por el principio de
participación ciudadana
Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena
originario campesinos de conformidad a lo
establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.
Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y
hechos jurídicos que se realizan o cuyos
efectos se producen dentro de la jurisdicción
de un pueblo indígena originario campesino.
Se elegirán mediante sufragio universal de
entre las candidatas y los candidatos
propuestos por la Asamblea Legislativa
Plurinacional
La organización y ejecución del proceso
electoral estará a cargo del Órgano Electoral
Plurinacional
Durarán en sus funciones seis años, y no
podrán ser reelegidas ni reelegidos
Además de las condiciones generales de acceso
al servicio público, haber cumplido treinta años
de edad, poseer conocimientos en el área de
sus atribuciones y haber desempeñado sus
funciones con ética y honestidad
El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación
en el cargo establecidos para las Magistradas y los
Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
serán de aplicación a los miembros del Tribunal
Agroambiental
El Órgano Electoral será el único
responsable de difundir los
méritos de las candidatas y los
candidatos.
La Presidenta o el Presidente del
Estado ministrará posesión en
sus cargos.
Haber cumplido treinta años de edad
Serán elegidas y elegidos las
candidatas y los candidatos que
obtengan mayoría simple de
votos
Poseer título de abogado
Haber desempeñado, con honestidad
y ética, funciones judiciales
Profesión de abogado o cátedra
universitaria durante ocho años
No contar con sanción de destitución
del Consejo de la Magistratura
Para la calificación de méritos se
tomará en cuenta el haber ejercido
la calidad de autoridad originaria
bajo su sistema de justicia.
El sistema de prohibiciones e
incompatibilidades aplicado a las
Magistradas y a los Magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia será el
mismo que para los servidores públicos.
no podrán ser reelegidas ni reelegidos
Su periodo de mandato será de seis años.
Por cumplimiento de mandato
Renuncia
Sentencia ejecutoriada
emergente de juicio de
responsabilidades
Fallecimiento
instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la
Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos
cometidos en el ejercicio de su mandato. El juicio se
llevará a cabo previa autorización de la Asamblea
Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos
tercios de los miembros presentes, y a requerimiento
fundado de la Fiscal o del Fiscal General del Estado, quien
formulará acusación si estima que la investigación
proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El
proceso será oral, público, continuo e ininterrumpido. La
ley determinará el procedimiento.
suscitados entre los tribunales
departamentales de justicia.
instancia los procesos de extradición.
conocer recursos de nulidad en los casos
expresamente señalados por la ley.
Además de contar con especialidad en estas
materias y haber ejercido con idoneidad,
ética y honestidad la judicatura agraria, la
profesión libre o la cátedra universitaria en el
área, durante ocho años. En la preselección
de las candidatas y los candidatos se
garantizará la composición plural,
considerando criterios de plurinacionalidad.
La Ley de Deslinde Jurisdiccional,
determinará los mecanismos de
coordinación y cooperación entre la
jurisdicción indígena originaria campesina
con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción
agroambiental y todas las jurisdicciones
constitucionalmente reconocidas
Para el cumplimiento de las decisiones de la
jurisdicción indígena originario campesina,
sus autoridades podrán solicitar el apoyo de
los órganos competentes del Estado
Toda autoridad pública o persona acatará las
decisiones de la jurisdicción indígena
originaria campesina
de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del
Tribunal Agroambiental, cuando, en el ejercicio de sus
funciones, cometan faltas gravísimas determinadas por la ley.
juezas y jueces; y personal auxiliar y administrativo del Órgano
Judicial. El ejercicio de esta facultad comprenderá la
posibilidad de cesación del cargo por faltas disciplinarias
gravísimas, expresamente establecidas en la ley.
y todos los bienes del Órgano Judicial.
los administradores de justicia, y del personal auxiliar.
conformación de los tribunales departamentales de justicia
que serán designados por el Tribunal Supremo de Justicia.
competencia, a los jueces de partido y de instrucción.
en las acciones reales agrarias, forestales,
ambientales, de aguas, derechos de uso y
aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, hídricos, forestales y de la
biodiversidad; demandas sobre actos que
atenten contra la fauna, la flora, el agua y el
medio ambiente; y demandas sobre prácticas
que pongan en peligro el sistema ecológico y
la conservación de especies o animales.
demandas de nulidad y anulabilidad de títulos
ejecutoriales.
contencioso administrativos que resulten de los
contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgación,
distribución y redistribución de derechos de
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y
de los demás actos y resoluciones administrativas.