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es un mapa conceptual de interpretación en tus propias palabras de la ley 025 del órgano judicial de los primeros 10 artículos
Tipo: Esquemas y mapas conceptuales
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La presente ley de Deslinde Jurisdiccional determina los mecanismos de coordinación, cooperación y complementariedad, entre la jurisdicción indígena originaria campesina, conjunto con la jurisdicción agroambiental. Art. 5. DESLINDE JURISDICCIONAL Los principios que sustentan el Órgano Judicial son: Plurinacionalidad, Independencia, Imparcialidad, Seguridad jurídica, Publicidad, Idoneidad, Celeridad, Gratitud, Pluralismo Jurídico, Interculturalidad, Armonía Social, Respeto a los Derechos, Cultura de la Paz.
La función judicial es única en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, y es ejercida por el Órgano Judicial a través de: 1. La Jurisdicción Ordinaria. 2. La Jurisdicción Agroambiental. 3. Las Jurisdicciones Especiales reguladas por ley. 4. Las Jurisdicciones Indígena Originaria Campesina. El Órgano judicial es un órgano de poder público y está fundamentada en la pluralidad y el pluralismo jurídico, tiene jerarquía constitucional. Tiene base de independencia, separación coordinación y separación.
La ley 025, tiene por objeto regular la estructura, organización y funcionamiento del Órgano judicial.
Las servidoras y servidores de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializada. Son responsabilidad del consejo de la magistratura y están sujetas régimen disciplinario establecido en la presente ley.
El Órgano Judicial, en sus jurisdicciones ordinaria y agroambiental, tienen la autonomía presupuestaria. La jurisdicción ordinaria, la jurisdicción indígena originaria campesina gozan de la misma jerarquía.
A través de la presente ley por el principio de gratitud, queda suprimido, eliminando todo pago por concepto de timbres, formularios y valores para la interposición de cualquier recurso judicial en todo tipo clase o proceso, solo se hará pago por comprobantes de caja al tesorero judicial y cualquier otro tipo de pago que se grave a los litigantes.
Las autoridades servidoras y servidores del órgano judicial, son responsables de sus acciones. En el desempeño de la función judicial a través de las jurisdicciones se relacionan sobre la base del respeto mutuo de ambos y no podrán obstaculizar, usurpar competencias o impedir que realicen su labor de impartir justicia.