El caso de Teodora presenta varias irregularidades, empezando por el hecho que la mujer
realizo aproximadamente 6 a 7 llamadas al 911, los mismos que demoraron mucho tiempo en
llegar, Cuando por fin acudieron al lugar en donde se encontraba la mujer no le brindaron
atención médica, de inmediato los policías la esposaron y trasladaron a una penitenciaria en la
cual fue acusada por el delito de ABORTO.
Al iniciar su proceso Teodora contaba con el asesoramiento de un abogado, el mismo que
tiempo después decidió dejar el caso debido a que la familia de Teodora no contaba con los
recursos económicos suficientes para seguir pagando sus servicios.
El 25 de enero del 2008 se realiza la Audiencia pública. La mujer no contaba con la presencia
de un abogado así que el juez tomó la decisión de otorgarle uno y también de posponer el
juicio un día, dándole al abogado tan solo 11 horas para revisar el caso. Es así como 26 de
enero del 2008 Teodora es condenada a 30 años de cárcel por homicidio culposo.
Durante 5 años no obtuvo ninguna información acerca de su caso, pero en Junio del 2012
aparece una abogada que decide tomar el caso de Teodora y el de 17 mujeres más, que fueron
enjuiciadas por delitos similares
La situación sólo comenzó a cambiar para ella en el año 2014, seis años después de su primera
condena, cuando gracias a la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto recibió
la visita en prisión de activistas y representantes de Amnistía Internacional, que querían
comenzar una campaña y hacer público su caso afuera de El Salvador. Después de que Teodora
les diera su consentimiento, los petitorios comenzaron a circular junto a su historia y una
campaña global que tenía como eje la legalización del aborto o, como mínimo, la
despenalización de la práctica. Unas 250.000 personas firmaron por su libertad alrededor del
mundo. Teodora formaba parte, además, del "Grupo de las 17", mujeres que después de sufrir
una emergencia obstétrica durante su embarazo hicieron el mismo recorrido, del hospital a la
cárcel. Las 17 estaban lejos de ser las únicas, pero fueron los rostros de una campaña lanzada
dentro del país con el objetivo de mostrar el impacto que la criminalización tiene en la vida de
las mujeres, pero que finalmente les dio una identidad y un rostro a las cifras.
En el 2016 se consigue que el caso de Teodora entre en “Recurso de revisión de caso “el
mismo que fue aprobado para Diciembre del 2017, se logró una segunda audiencia en la que
se revisaría la condena. El 13 de diciembre de 2017 el juez decidió que era culpable y que
ratificaba su condena de 30 años.
Finalmente el 15 de febrero del 2018, La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública corrigieron la sentencia y conmutaron la pena bajo el argumento de que
existían "razones poderosas de justicia, equidad y de índole jurídicas que justifican favorecerla
con la gracia de la conmutación". Dejándola así en liberta después de haber estado encerrada
durante diez años y siete meses en la prisión de Ilopango, en El Salvador, sin embargo todavía
no es considerada inocente.
"No nos declaran inocentes porque se niegan a reconocer que violentaron nuestros derechos,
que cometieron una injusticia con nosotras. Las mujeres en El Salvador somos condenadas sin
ninguna prueba"
