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Pequeño análisis de la realidad en la gestión pública en bolivia
Tipo: Apuntes
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Analizar las Políticas Públicas como aquellas acciones que debe tomar un gobierno a fin de dar respuesta a las diversas demandas o necesidades de la sociedad es delimitar un concepto sedentario sin comprender que la gestión pública va complejizándose de acuerdo al tiempo y en función a los distintos contextos históricos. El concepto de “Políticas Públicas” ha sido asumido inicialmente desde un paradigma weberiano tradicional, meritocratico, racionalista llegando al concepto de la “Nueva Gestión Pública”, que se caracterizará por que asume y replica las herramientas de la gestión privada empresarial (eficiencia, efectividad, eficacia y sobre todo competitivad) orientando la prestación de servicios a atender las necesidad o exigencias de una sociedad; asumiendo de esta manera la necesidad imperiosa de modernizar los procedimientos con una organización flexible que permita adaptarse a las necesidades y a los contextos, con base a una construcción normativa general que delega a las instituciones del Estado el poder adecuar su desarrollo en función a los objetivos, fines y políticas institucionales. Actualmente la “Gestión Pública”podríamos señalar que se orienta a dos propósitos:
olvidando que estos ya existían en gobiernos anteriores con otras denominaciones (BONOSOL, BOLIVIDA, SUMI, etc.), nacionalización de las empresas públicas, “industrialización de los hidrocarburos”, creación de empresas publicas sin ton ni son (en las que el Estado produce, fabrica y el mismo se compra su producto), “obras de infraestructura” (susbdidiadas en costos operativos) e inclusión social (que en los hechos solo ha sido desplazada). Sin embargo que poco ha repercutido en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y mas al contrario ha evidenciado las grandes falencias societarias, incrementado el informalismo, ahondado la falta de institucionalidad estatal, incrementado la corrupción, fomentado el debilitamiento del Estado de Derecho, la inseguridad jurídica, propiciado la asunción de grupos de poder “sectores sociales”, y el arrastre de la herencia intergeneracional de ser un Estado extractivista y de economía emergente. Sumado a ello, una completa ausencia de evaluación de las políticas públicas, que el propio Estado ha fomentado y socapado a fin de ocultar la corrupción y falencias en su procedimiento, lo que se complementa con la falta de transparencia en la información, que ha llegado al extremo que ni asambleístas puedan acceder a información financiera estatal y ni que decir de ciudadanos de pie (quienes a la letra del texto constitucional y de las leyes constituyen el control social). La escasa información que se publica en portales web (únicamente para el cumplimiento normativo) es tan precaria sino de antigua o “en construcción”, aspectos que se hayan normados previendo incluso responsabilidades ante su incumplimiento, pero que en la realidad no se cumple ni si quiera por parte de los servidores públicos, quienes inconscientemente se identifican como funcionarios o servidores del partido político que Gobierna y no del Estado. Es cierto también que ello no es un problema independiente, sino que es consecuencia de un débil Estado de Derecho, con latentes fallas de estructura organización administrativa y jurídica, que Bolivia viene arrastrando desde su creación como Estado independiente y soberano. En relación a la segunda premisa la nueva Gestión Pública ha mostrado mayor énfasis en una gestión pública por resultados, en la que implícitamente estaría inserta la satisfacción de la ciudadanía. Dicho aspecto ha sido implementado ya desde la gestión 2005, donde por entonces la Vicepresidencia del Estado desarrolla el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión por Resultados, que más adelante seria plasmada incluso en la Constitución Política del Estado aprobada en 2009, se desarrolla sobre la base de iniciativas de construcción y fortalecimiento institucional, y de transparencia y lucha contra la corrupción, que lastimosamente en la práctica no se ha materializado, siendo que a pesar de las grandes transformaciones consecuentes de la globalización, la digitalización y la tecnología, aun el Estado Boliviano conserva el viejo estigma prebendal clientelista, corporativo y que normalmente tiene otros objetivos en agenda, poco apegado a reformas que transparenten la