El bloque constitucional
La constitución en cuestión de normas va más allá de lo que está escrito en ella, debido a
que, en muchos casos existen derechos o principios que no están expresos en el mandato
constitucional. Por lo tanto, el bloque constitucional intenta sistematizar jurídicamente este
fenómeno.
Lo podemos definir más claramente diciendo que son normas y principios que sin aparecer
formalmente en la constitución, están integradas por otras vías y en mandato de la
constitución; establece ciertas garantías que deben tener los individuos y la sociedad.
Este un término que empezó a ser usado en la corte constitucional colombiana desde el
1995, sin embargo este concepto se veía aplicado desde años anteriores; puesto que se
utilizaban valores y principios en los textos constitucionales que aseguraban la
permanencia y la obligatoriedad del contenido material del anterior mencionado; un claro
ejemplo lo encontramos en la historia jurídica Norteamérica, donde los principios
constitucionales se derivan de formas mas amplias que lo que contiene su texto
constitucional, sin embargo el origen del bloque constitucional radica en Francia, gracias a
la jurisprudencia del consejo constitucional francés en la década de los setenta y la
investigación por parte de el profesor Louis Favoreu acerca de la justicia constitucional,
esta doctrina se ha extendido a lo largo del mundo con un mismo fin, formalizar y
consolidar los estados de derecho, especialmente en aquellos países que fueron víctimas de
tiranos y por consecuente los derechos humanos fueron desconocido o no aplicados.
El bloque constitucional posee relevancia en la constitución de 1991 al sistema jurídico
colombiano, debido a que su función esencial es de ser una herramienta que garantice la
coherencia de la legislación interna con los compromisos externos del estado y así mismo
complementar la garantía del derecho internacional humanitario en el país; mas sin
embargo el desconocimiento sobre el valor contenido y alcance del bloque, se transforman
en un riego para la seguridad jurídica del país, al permitir que ciertos operadores jurídicos
se aprovechen de la falta de conocimiento, y utilicen de forma indebida determinados
derechos fundamentales logrando así anular o invalidar la legitimidad de ciertos derechos
contenidos en las normas constitucionales establecidas en una sociedad.
