Base militar en zona rural no
supone amenaza directa a la
seguridad
Así lo dejo claro el Consejo de Estado al negar el traslado de base militar
de Ituango (Antioquia).
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Por considerar que los ciudadanos tienen “el deber de soportar,
como carga social, la ubicación de un puesto de control de la
Fuerza Pública en su vecindario, el Consejo de Estado negó el
traslado de la base militar de Ituango (Antioquia) de la Brigada
Móvil 18 del Ejército.
Para el alto tribunal, con ponencia del magistrado Guillermo
Vargas Ayala, “el solo hecho de la instalación de una base militar
en una determinada población no puede suponer por sí misma una
amenaza o vulneración al derecho colectivo a la seguridad
pública”, por lo que negó las pretensiones de los habitantes del
sector.
En la acción popular que interpusieron algunos miembros de la
comunidad de Ituango argumentaron que la base militar ponía en
peligro a la población por los posibles ataques de grupos armados
ilegales. Recordaron que ésta se encuentra ubicada al frente de
una sede del Sena y en medio de varias vivienda.
