ANGELICA MARIA SUAREZ JAIMES
ANALISIS JURISPRUDENCIAL
TA
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE SENTENCIAS
1IDENTIFICACION DE LA
SENTENCIA:
Sala Plena de la Corte Constitucional
(24) de agosto de dos mil once (2011)
Bogotá, D.C.
M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sentencia C-634/11
.
1.1 TEMAS TRATADOS la inexequibilidad del o, de forma subsidiaria
artículo 10 de la ley 1437 DE 2011 por medio
se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y determine su
constitucionalidad condicionada, en el
entendido que:
“las autoridades deberán de la misma manera
al adoptar sus decisiones, tener en cuenta de
manera preferente la jurisprudencia de la
Corte Constitucional en relación con temas
administrativos que involucren derechos
fundamentales”
1.2 HECHOS OBJETO DEL
PRONUNCIAMIENTO
El actor sostiene que el apartado acusado
implica que las autoridades, al adoptar las
decisiones de sus competencias, deben
sujetarse a las sentencias de unificación
emitidas por el Consejo de Estado, lo que
excluye a otros fallos con los mismos efectos,
en especial los que adopta la Corte
Constitucional. Esta consecuencia, en su
criterio, vulnera los artículos 4º, 230 y 241-9 de
la Carta Política, por las razones que se
explican a continuación. El actor resalta que
la jurisprudencia constitucional ha previsto
que dentro de su ámbito de decisión, se
encuentra la facultad de declarar la
exequibilidad condicionada de los preceptos
legales en aquellas situaciones que
concurren diversas interpretaciones de los
mismos, siendo compatibles con la
Constitución uno o algunos de ellos.
Además sostiene que, la Corte, al
determinar el contenido y alcance del
artículo 230 C.P., ha previsto que la
jurisprudencia constitucional, tanto en control
de constitucionalidad como en los fallos
que determinan el contenido y alcance
general de los derechos fundamentales, no
puede ser comprendida como jurisprudencia
de aplicación facultativa, sino que tiene
carácter obligatorio, so pena que las
decisiones correspondientes contravengan
la Constitución. Así, como en su criterio la
norma acusada torna en optativa la
aplicación de la jurisprudencia
constitucional, incluso en los escenarios
