ARTÍCULO 230 CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son
criterios auxiliares de la actividad judicial.
Como bien lo ha sostenido la Corte, la fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte
Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura -sala disciplinaria- y a
Corte Constitucional, como órganos de cierre de sus jurisdicciones, proviene
fundamentalmente: (i) de la obligación de los jueces de aplicar la igualdad frente a la ley y
de brindar igualdad de trato en cuanto autoridades que son; (ii) de la potestad otorgada
constitucionalmente a las altas corporaciones, como órganos de cierre en sus respectivas
jurisdicciones y el cometido de unificación jurisprudencial en el ámbito correspondiente de
actuación; (iii) del principio de la buena fe, entendida como confianza legítima en la
conducta de las autoridades del Estado; (iv) de la necesidad de seguridad jurídica del
ciudadano respecto de la protección de sus derechos, entendida como la predictibilidad
razonable de las decisiones judiciales en la resolución de conflictos, derivada del principio
de igualdad ante la ley como de la confianza legítima en la autoridad judicial.
Según lo establecido en su larga jurisprudencia por este tribunal, una vez identificada la
jurisprudencia aplicable al caso, la autoridad judicial sólo puede apartarse de la misma
mediante un proceso expreso de contra-argumentación que explique las razones del
apartamiento, bien por: (i) ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente
al caso concreto; (ii) desacuerdo con las interpretaciones normativas realizadas en la
decisión precedente; (iii) discrepancia con la regla de derecho que constituye la línea
jurisprudencial. De este modo, la posibilidad de apartamiento del precedente emanado de
las corporaciones judiciales de cierre de las respectivas jurisdicciones supone, en primer
término, un deber de reconocimiento del mismo y, adicionalmente, de explicitación de las
razones de su desconsideración en el caso que se juzga
Esto quiere decir que los jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley.
Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.
Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión, De la misma manera
procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos, El
proceso deberá adelantarse en la forma establecida en la ley o el procesos solo podrían
iniciarse a petición de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio.
Sentencia C-621/15: una interpretación adecuada del artículo 230 constitucional, debe
darse la sujeción de la actividad judicial al imperio de la ley, no puede entenderse en
términos reducidos como referida a la aplicación de la legislación en sentido formal, sino
que debe entenderse a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales,
